Mientras España se prepara para celebrar el 10º aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que entró en vigor el 3 de julio de 2015 –y que además de permitir la unión legal entre homosexuales, les garantiza todos los derechos que derivan de este, como la herencia, la pensión por viudez o la adopción conjunta–, parece que otros planean enmiendas para limitar estos derechos.
Se trata de una nueva Ley del Registro Civil que se está estudiando estos días en el Congreso de los Diputados. Una ley que regulará el registro de los niños nacidos en el extranjero a través de un proceso de gestación subrogada, cuyos padres sean españoles y deseen registrarlos en España.
Una ley necesaria si atendemos a la situación actual, un vacío legal que hasta ahora se regulaba por la maltrecha instrucción del Ministerio de Justicia en octubre de 2010, y que aceptaba la inscripción de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada de países que aportaran en su partida de nacimiento la Apostilla de la Haya.
Sin embargo, porque alguien lo decidió así contra la opinión de prestigiosos juristas, el Registro Civil empezó a revisar cada partida, y en el caso de ser una gestación subrogada entendía que el documento no era válido, dado que la madre que figuraba en la partida de nacimiento (la madre española) no había gestado al niño ni lo había parido. Ni qué decir en el caso de que fueran dos hombres los que llevaban a cabo el trámite.
En ese caso, se procedía a reconocer la paternidad del padre genético, con lo que el niño era inscrito a nombre del padre español, y de la madre subrogada. Una vez en España, se iniciaba un proceso de adopción por parte de la madre española, o del segundo padre en el caso de ser dos hombres. Así, a los pocos meses la situación quedaba regularizada después de haber pasado por un infierno burocrático.
La circular del año 2010 no hacía mención alguna a esta forma de ‘inscribir’ a los niños nacidos por gestación subrogada, dado que estos derechos vienen reconocidos por el Código Civil y la Ley de Reproducción asistida.
La solución llegaba al elevar a rango de ley esta instrucción del ministro de justicia, Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados. Subsanando las limitaciones que se recogían en la instrucción y reconociendo la paternidad a ambos miembros de la pareja, todo parecía pronosticar que, finalmente, íbamos a tener una ley que garantizase nuestro acceso a la gestación subrogada sin una discriminación hacia nuestras familias.
Pero la ilusión ha durado poco, estas intenciones sevieron truncadas el pasado martes cuando leíamos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales que la enmienda 116 a la ley de RC escondía ciertos engaños. El grupo Parlamentario del Partido Popular había retirado el apartado 7 del artículo 16, justo el texto que permitía el registro de nuestros hijos.
Pero lo más doloroso no ha sido la jugarreta del PP, algo de esperar si tenemos en cuenta las políticas que fomentan de familia tradicional, donde nuestra familia resulta un modelo familiar de segunda para ellos. Lo más doloroso es que estos han contado con el apoyo del PSOE, que promueve otra reforma incluso más desfavorable, la enmienda 103.
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El grupo parlamentario socialista, lejos de luchar contra esta reforma, ha incluido la enmienda 103, una auténtica vergüenza, que trata de Gestación por Sustitución o gestación subrogada y de cómo será perseguida su publicidad por el Estado español.
Si nos paramos a analizar la enmienda, nos resulta familiar. Solo habría que cambiar ciertos términos, como ‘gestación subrogada’ por ‘homosexualidad’ y estaríamos ante las medidas que penalizan la ‘publicidad homosexual’ en Rusia de la mano de Vladímir Putin.
Parece que nos gusta copiar los malos ejemplos: censurar Internet, cerrar páginas de asociaciones, silenciar los medios, etc. En definitiva, amordazar las voces de aquellos a los que no nos gusta oír, y en este caso, de aquellas parejas que quieren formar una familia mediante esta técnica.
Una enmienda que no solo no soluciona la discriminación de la que éramos víctimas, sino que ahora convierte en delito el dar a conocer esta opción, y que ya ha sido bautizada como Ley mordaza del PSOE.
Según el texto que propone el GPS, se podrá poner multas, cerrar locales y clausurar páginas web a quienes publiciten, promocionen, incentiven o faciliten la gestación subrogada. Una enmienda que deja fuera de la ley a las asociaciones y sociedades médicas que trabajan por la visibilidad de esta técnica de reproducción asistida que daba la posibilidad de tener hijos biológicos a parejas de hombres.
Muchos países ya estudiaban esta técnica como una posibilidad para familias homoparentales o parejas con problemas congénitos o de fertilidad. Se apostaba por esta técnica de reproducción asistida, regulada de manera ética y sin ánimo de lucro, y por su implementación en España, algo por lo que preguntábamos a los candidatos de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, y esto era lo que nos contestaban.
En este otro artículo también podéis ver cuáles son las opciones para llevar a cabo la gestación subrogada desde España: La maternidad subrogada para familias gays.
No nos extrañó nuca que el Partido Popular se opusiese a las posibilidades de estos nuevos modelos familiares frente a lo que ellos llaman ‘familia tradicional’, pero que sectores del PSOE también se opongan a esta realidad resulta bastante frustrante.
En estos últimos años, la gestación subrogada ha traído la felicidad a cientos de familias españolas, homoparentales, monoparentales y sobre todo heteroparentales. Algo que ahora puede verse obstaculizado con estos cambios.
Por su parte, la Plataforma Estatal de Familias LGTB ha lanzado un comunicado en el que expresan que ya es hora de que en este país a alguien se le empiece a caer la cara de vergüenza. No solo por la corrupción sino también por incumplir sus compromisos, por sus prácticas antidemocráticas y por despreciar el interés superior del menor. Un movimiento bajo el hashtag #NoALaEnmienda103.
Aunque los cambios eran publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados el pasado 26 de mayo, estos no se harán efectivos hasta que pasen por el Senado. Así que aún estaríamos a tiempo de echar para atrás esta reforma. La comisión de justicia del Congreso se reunirá este martes para decidir el texto definitivo antes de enviarlo a la Cámara alta. Por lo que es fundamental difundir esta información y hacerles llegar nuestra indignación por estas nuevas regulaciones que llegan a pocos meses de las elecciones generales.
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