A ojos de occidente, la indignación es doble con Uganda. Primero, porque el pasado mes de febrero su presidente, Yoweri Museveni, decretó una ley antigay que endurecía las penas contra la homosexualidad, que se castiga hasta con cadena perpetua. Y segundo, porque el país ostentará la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de septiembre cuando su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos está más cuestionado que nunca –Uganda considera la homosexualidad una conducta ‘anormal’ y ‘corregible’–.
El gobierno de Estados Unidos ya anunció en febrero que la aprobación de la ley antigay ugandesa podría complicar la relación entre los dos países y ahora lo ha hecho efectivo mediante la aprobación de nuevas sanciones, entre ellas, la prohibición de entrada a Estados Unidos a funcionarios ugandeses implicados en abusos graves contra los derechos humanos del colectivo LGTB, la eliminación de fondos destinados a programas de sanidad en el país africano y la suspensión de maniobras aéreas en su espacio.
En Uganda, los ‘actos homosexuales’ se castigan con 14 años de cárcel si se demuestra una única relación y, en caso de ‘homosexualidad agravada’, es decir, una relación gay consentida y sostenida en el tiempo, hasta con cárcel de por vida. Sin embargo, la represión a la que el país ha sometido a la población gay –desencadenando una auténtica caza de homosexuales– no es impedimento para que Sam Kutesa, su ministro de exteriores, presida a partir de septiembre y durante un año la Asamblea General de la ONU, algo que ha elevado la voz de alarma de colectivos LGTB, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros como el de EEUU.
¿Crees que un país que castiga la homosexualidad debe presidir la Asamblea General de la ONU?
Suecia aprueba su ley trans y reduce la edad mínima para el cambio de género
Taylor Swift sorprende a sus fans con un doble álbum de 31 canciones
11 integrales masculinos que intentan cambiar las leyes del patriarcado
