En febrero, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una ley antigay que castigaba la homosexualidad hasta con cadena perpetua, pero el pasado viernes el Tribunal Constitucional del país la declaró nula y sin efecto por no existir el quorum necesario en el Parlamento durante su votación.
La ley había suscitado duras críticas de colectivos LGTB, organizaciones internacionales y gobiernos occidentales, entre ellos el de Estados Unidos, que en junio aprobó duras sanciones contra Uganda, país que, además, presidirá la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de septiembre. Los partidarios de la ley ya han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.
La ley antigay ugandesa fijaba un castigo para ‘los actos homosexuales’ de 14 años de cárcel si se demostraba una única relación y de cadena perpetua si se trataba de una relación gay consentida y sostenida en el tiempo. El hostigamiento a la comunidad LGTB en Uganda fomentado por las autoridades y el gobierno ha levantado la voz de alarma de numerosas congregaciones contrarias a que un país que condena la homosexualidad presida la Asamblea General de la ONU.
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