16/07/2018

Pena de muerte a los gays en California

5 marzo, 2015
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Un abogado californiano ha presentado una propuesta de referéndum con la que pretende prohibir la homosexualidad y castigarla con la pena de muerte. Sí, habéis leído bien, el energúmeno en cuestión plantea la ejecución en el estado de California, una zona que precisamente se caracteriza por ser de las más liberales en políticas LGTB dentro de Estados Unidos.

La propuesta, que tiene muy pocas probabilidades de avanzar, necesitaría 360.000 firmas. En cualquier caso, el abogado Matthew McLaughlin la ha llevado a las redes en busca de apoyos, después de haberla presentado ante la oficina del fiscal general de California la semana pasada.

“El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra”, reza la majadera propuesta, registrada y abierta a comentarios en la página de Internet de la Procuraduría General.

“Dado que es mejor que los delincuentes mueran antes de que todos nosotros seamos asesinados por la justa ira de Dios, el pueblo de California demanda sabiamente, en el temor de Dios, que cualquier persona que voluntariamente toque a otra persona del mismo sexo para obtener satisfacción sexual muera de un tiro en la cabeza o por cualquier otro método conveniente”, escribió.

McLaughlin pagó una tarifa de 200 dólares para presentar esta propuesta de legislación llamada Ley de supresión de la sodomía. El domicilio del abogado, según ha reflejado en su documentación, se encuentra en Huntington Beach, una localidad al sur de Los Ángeles conocida por ser un refugio republicano en la democrática y liberal sociedad californiana.

California, al igual que otros estados, suele hacer consultas por referéndum coincidiendo con las elecciones, aunque las iniciativas necesitan un mínimo de firmas para ser llevadas a las urnas. En definitiva, si se consiguen las 360.000 firmas, esta vergonzosa propuesta podría ser llevada a referéndum, cosa que nadie en su sano juicio desearía. Francamente, esperamos no tener que volver a mencionar más el nombre de este individuo, salvo que algún fiscal decida que sus delirios pueden ser constitutivos de delito.

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