Enfrentamiento a la vista. La ley de libertad religiosa aprobada en el Estado de Indiana (EE UU) discrimina al colectivo LGTB y permite a empresarios no prestar sus servicios si piensan que se está atentando contra sus creencias, y tiene a la región dividida. Mientras el tribunal Supremo estudiará la viabilidad para poder llevar a cabo la aprobación del matrimonio igualitario, los conservadores se han propuesto torpedear los derechos de los homosexuales cueste lo que cueste.
Ese es el caso de Mike Pence, gobernador republicano con opciones de candidatura a las presidenciales de 2016, que afirmaba que esta ley protegía “las libertades religiosas que muchos sienten están siendo atacadas por el Gobierno”. No obstante, el rechazo por parte de empresarios y organizaciones no se ha hecho esperar al considerar que se está abriendo una puerta a la discriminación. Eso sí, Pence sigue a lo suyo, y de haber creído que cortaba derechos, “la habría vetado”.
El documento establece que a partir del próximo 1 de julio, en los restaurantes de Indiana, por ejemplo, podrán negarse a servir, y si son acusados de homofobia, serán defendidos por el Estado. Ahí es nada. El tira y afloja continúa, incluso desde las propias instituciones no se ponen de acuerdo. La ley podrá ser rechazada en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el organismo de mayor rango en lo que al poder judicial del país se refiere. Sin embargo, tendrán que ser los propios magistrados los que demuestren si una persona ha actuado en contra de la religión por impedir la discriminación. De locos.
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