La presidenta regional cumple con lo prometido, y pone a disposición de los madrileños una Ley de Identidad de Género que, entre otras novedades, incorpora recursos legales contra la violencia de género machista de la que son víctimas muchas mujeres transexuales.
El proyecto de ley ha sido aprobado hoy, cuando el Consejo de Gobierno daba su visto bueno a este borrador, que recoge medidas educativas para entender la transexualidad y respetarla; medidas sanitarias, para favorecer la reasignación de sexo y la detección precoz; medidas sociales, para la integración y erradicación de discriminaciones; medidas laborales, para facilitar su inserción en la vida profesional.
Cristina Cifuentes ha indicado que estas normas cubrirán un “vacío legal importante” para garantizar la seguridad física y jurídica de todos los ciudadanos, y en concreto de las personas transexuales, pero que solo se trata de un paso más a la no discriminación y a la educación en la tolerancia.
También incorpora un protocolo de menores, focalizado en la acción en los centros educativos para la detección precoz de la transexualidad, prevenir casos de bullying y erradicar la discriminación.
Dentro de la detección precoz de la transexualidad, y siempre que lo aconsejen los profesionales, la norma será que exista la posibilidad de suministrar inhibidores hormonales a los menores, como paso previo al proceso reasignación de sexo, que podrá llevarse a cabo una vez se alcance la mayoría de edad, o en la adolescencia previo consentimiento paterno.
Se eliminará la concepción y tratamiento de la transexualidad como un trastorno de identidad, una patologización que a muchos resulta ofensiva. De este modo, la Comunidad de Madrid cambiará el nombre de Unidad de trastornos de identidad de género (UTIG) por el de Unidad Multidisciplinar de Identidad de Género (UMIG).
El acceso a estos servicios y medidas será para todos. Es decir, no se puede limitar o denegar el derecho de entrada a los transexuales, y los tribunales deberán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar estos derechos.
El anteproyecto además fija sanciones administrativas en materia de transgresión de los derechos a las personas transexuales, intersexuales y transgénero, con multas de hasta 45.000 euros y ceses temporales de sus funciones por periodos de hasta dos años, a los centros o personas que nieguen estos derechos o servicios.
Una ley que dará cobertura legal a través del actual Programa LGTB de la Comunidad de Madrid, que pasará a denominarse Programa LGTBI, incorporando su atención a los intersexuales. Un borrador en el que han colaborado más de 7.500 personas en la Comunidad de Madrid a través de 11.000 actuaciones, y en el que han participado más de 5.000 profesionales relacionados con la transexualidad de algún modo.
Como novedades, contempla apoyos a asociaciones deportivas LGTBI; medidas para evitar el ciberacoso en Internet, redes sociales y aplicaciones móviles; además de un Observatorio para la discriminación LGTBI.
Cifuentes y el consejero de Políticas Sociales se reunirán mañana con colectivos LGTBI para promover también su participación en la tramitación de esta ley.
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