El pasado 22 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentaba un borrador de anteproyecto de Ley de protección contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
La iniciativa pretendía proteger a las mujeres transexuales contra la violencia machista e “impulsar medidas para luchar contra la discriminación de las personas por motivo de su identidad sexual”, según señalaba el propio Gobierno regional madrileño. Además, entre otras medidas, apostaba por la formación de profesionales y por emprender acciones de sensibilización ciudadana.
“No pretendemos situarnos a la cabeza, sino a la par [de otras comunidades] y trabajar en el reconocimiento de los derechos y igualdad”, afirmaba orgullosa Cifuentes ante la prensa.
Sin embargo, precisamente en esta falta de ambición se encontraba la primera gran carencia del borrador de Cifuentes. Defecto que rápidamente detectó y quiso subsanar la asociación madrileña LGTB+H Arcópoli a través de su grupo jurídico, coordinado por el abogado Diego Rey.
Para ello han redactado otro borrador provisional que, basándose en las leyes catalanas, gallegas y extremeñas, enriquece y mejora no solo la propuesta por Cifuentes, sino cualquiera del territorio nacional, por lo que aspira a convertirse en la Ley LGTB más avanzada del planeta. Es una buena premisa porque esta no es una cuestión para quedarse en medias tintas.
Como explica Arcópoli, la intención es crear un documento en el que “todas las personas LGTB de la Comunidad podamos crear nuestra ley, una ley de todas y todos”. Dando respuesta a demandas más importantes del activismo que el texto de Cifuentes no contemplaba, como la inversión de la carga de la prueba, la inclusión de mujeres lesbianas y bisexuales en técnicas de reproducción asistida y, también, llevar a cabo una mayor apuesta en materias de educación y salud.
Con la idea de que esta sea una Ley de consenso, aprobada por unanimidad y “un gran punto de partida para que todos podamos enriquecernos y avanzar en derechos”, en palabras del coordinador de Arcópoli Yago Blando, el borrador ha sido enviado a las formaciones políticas PP, PSOE, Cs y Podemos y a los partidos extraparlamentarios UPyD e IU. Esperamos que, por una vez, los intereses partidistas queden al margen y Madrid consiga la Ley LGTB que se merece.
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