Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Garantía de los Derechos LGTB

Cantabria da un paso más en su legislación LGTBI y aprueba el anteproyecto de ley de garantías de derechos del colectivo LGTB.

Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Garantía de los Derechos LGTB
25 octubre, 2018
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España sigue sumando buenas noticias en el terreno LGTB. Esta vez han sido los cántabros los que han dado un paso más para intentar alcanzar la igualdad del colectivo con el resto de la sociedad. El Gobierno de Cantabria aprobó ayer el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos de las Personas LGTBI y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

Este anteproyecto significa el primer paso dentro de la legislación de la comunidad y, además, supone una innovación total, al incluir sanciones de hasta 30.000€ e incluso hasta tres años de inhabilitación o suspensión temporal por incumplir cualquiera de los aspectos previstos en esta nueva ley.

La finalidad de esta iniciativa legislativa es garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI. Para ello, han creado una serie de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual. Con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso es remitir el texto al Parlamento para su debate y su posterior aprobación.

La ley ha sido aprobada por la Dirección de Política Social, en coordinación con distintos departamentos del Gobierno regional, persiguiendo siempre el objetivo de poder alcanzar una legislación que ampare a todas las personas.

«Los poderes públicos tenemos que ser garantes de la libre determinación del género de cada persona como un derecho humano fundamental, una conquista social en la que el Gobierno de Cantabria quiere seguir avanzando para garantizar a las personas LGTBI el apoyo que necesitan por el estado evolutivo de su madurez física, mental y emocional para que puedan desarrollarse de forma saludable, libre y plena en condiciones de libertad y dignidad», ha declarado la Vicepresidenta y Consejera de Universidad e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanas.

Se trata de una regulación transversal que pretenden alcanzar una multiplicidad de áreas. Es por eso que otro de los puntos fuertes que también encontramos entre los temas que quiere legislar dicha ley es el derecho a la autodeterminación, además de profundizar sobre todo en el terreno educativo y sanitario.

En en el ámbito educativo, se contempla la creación de leyes y contenido educativo para conseguir que las aulas sean un espacio de respeto. Por otro lado, se prevé establecer una serie de mecanismo que garanticen la protección del personal docente, el alumnado y los empleados, promoviendo la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y prevención de acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico.

Por lo que refiere al ámbito sanitario, se van a definir las líneas de actuación y los principios que han de guiar la asistencia sanitaria y evitar así que se produzca una discriminación por motivos de identidad de género, expresión u orientación sexual. Sin lugar a duda, uno de los temas en los que más se va a profundizar va a ser en el tratamiento y cuidado de los trans menores de edad.

El documento también propone medidas de protección social, como por ejemplo el asesoramiento a través del programa de Información y Atención LGTBI o a través de  medidas frente a la desprotección infantil.

En cuanto al entorno laboral, el valor más perseguido por esta nueva ley es la inclusión, con la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa que valorará positivamente a las empresas que implanten medidas de igualdad de oportunidades. Igualmente, el texto también habla de medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia de empleo público.

Una de las grandes novedades son las sanciones y un régimen sancionador. Las sanciones en función del nivel de gravedad de los hechos, el grado de alteración social, difusión, intencionalidad, número de personas afectadas y reincidencia, podría llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal por un periódico máximo de tres años.

 

 

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