Siguen las malas noticias para parte del colectivo LGTBI más afectado en España. El Partido Popular quiere que las personas transexuales se declaren enfermas para poder cambiar legalmente de nombre y sexo. De hecho, el partido se ha posicionado totalmente en contra del cambio de ley, decantándose por la opción ya existente, es decir, la necesidad de contar con una preinscripción médica para conseguir el cambio de nombre de manera legal.
En noviembre de 2017, el PSOE presentaba una proposición de ley para eliminar dicho requisito médico, pero la reforma lleva estancada en la Comisión de Justicia desde principios de 2018. Este hecho provoca que, en la actualidad, el cambio de nombre de manera legal requiere no solo dos años de tratamiento, sino también un informe diagnóstico de disforia de género, la cual, tal y como han asegurado los expertos, no se trata de una enfermedad real.
En el caso de que no se reformase dicha ley, el Estado español estaría perpetuando la no despatologización de la transexualidad, lo que afectaría directamente a cualquier avance en el campo de la identidad sexual en España.
El debate ya llegó en su momento a Europa. De hecho, desde la Unión Europea se creó un protocolo para asegurar que «las personas transexuales, incluidas las menores, no sean consideras como enfermas mentales». Esta decisión fue respaldada por Aministía Internacional y la Organización Mundial de la Salud, aunque esta última sigue considerando la transexualidad como una ‘incongruencia de género’.
La reforma impulsada por el Partido Socialista lleva pausada desde principios de marzo, ya que desde la Administración se ha asegurado que «en estos momentos vivimos una sobrecarga de leyes«. Esto ha producido que el plazo de enmiendas ya haya expirado, dejando solo abierto el momento de debate en el parlamento. Aun así, el PP ha aprovechado la ocasión para proponer que no se eliminase el requisito médico, alegando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».
Las acciones del grupo de derechas con más representación en el parlamento español no se han quedado ahí, ya que hicieron lo mismo con la Ley Integral Trans que defendía la protección jurídica de este colectivo. A partir de esta, se esperaba legalizar una serie de protocolos para asegurar la no discriminación de personas transexuales en todos los ámbitos, reformando al mismo tiempo la ley 3/2007, de 15 de marzo. Por otro lado, los populares también presentaron una enmienda a una ley integral LGTB, la cual lucha por combatir de forma activa la discriminación hacia las personas de este colectivo, aunque afortunadamente esta se aprobó pese a la negativa del PP.
Por su parte, Unidos Podemos se ha comprometido a que la reforma de ley sea llevada al pleno antes de agosto del año que viene y que le ley Integral LGTBI deje de ser retrasada. Desde la confluencia política han querido mandar un mensaje de tranquilidad a los menores transexuales del país, y aseguran una serie de avances en esta materia para conseguir evitar que la aprobación de un cambio de nombre no dependa exclusivamente de la arbitrariedad e interpretación del juez, tal y como le está sucediendo a Gabriel desde hace unos meses.
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