El Ayuntamiento de Barcelona se querella contra seis jueces que encarcelaron a homosexuales en el franquismo

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El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una querella contra seis jueces que condenaron al colectivo LGTB durante la época franquista, tal y como han dejado constancia en el documento jurídico presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, alegando un delito de lesa humanidad.

La principal razón por la que el consistorio ha decidido querellarse contra los jueces ha sido por el uso de términos como «invertido», «bujarra», «invertido sexual» o «condenado por su condición de sujeto homosexual» en los diferentes informes presentados ante la institución judicial en la época tardofranquista. De hecho, fue por estas resoluciones por las que se condenaron a gays, lesbianas y transexuales de la ciudad de Barcelona.

A principios de mes, la alcaldía, junto con colectivos LGTB, presentó la querella contra los seis magistrados con la finalidad de conseguir depurar responsabilidades ante unos jueces que condenaron, solo en la ciudad condal, a un mínimo de 550 personas, de las cuales 503 fueron encarceladas en la cárcel Modelo.

«La ciudad está en deuda con el colectivo LGTBI porque no podremos acabar con la homofobia del presente sin combatir la impunidad del pasado», declaró el teniente alcalde del municipio, Jaume Asens.

Pese a los avances conseguidos hasta el momento, la abogada que está representando al consistorio en el proceso afirma que la querella todavía tiene que enfrentarse a un proceso complicado. En primer lugar, tendrá que asegurarse de que los jueces imputados estén aún vivos. En segundo lugar, tendrán que superar las barreras establecidas por la Ley de Amnistía, la cual fue aprobada ya en democracia, y que atenúa e indulta a los condenados por delitos políticos. Aun así, desde el Ayuntamiento de Barcelona aseguran que dicha ley no será aplicable debido a que las condenas fueron por razones de orientación sexual.

Sin lugar a duda, una de las grandes bazas de los querellantes son las pruebas escritas de las sentencias. La mayoría de ellas fueron dictadas a partir de 1970 por una serie de jueces que formaban parte de órganos judiciales unipersonales que, más allá de las condenas de cárcel, sometían a los condenados a tratamientos psiquiátricos durísimos.

La querella, inicialmente, se ha puesto contra los seis jueces, pero si esta prospera se abrirá una investigación a fondo, la cual podría afectar a forenses, psiquiatras y otros funcionarios que participaron en las ejecuciones de las sentencias.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha registrado la querella y será aquí donde se decida si se admite o no a trámite. Por su parte, Asens ha animado a todas las personas afectadas por casos como este a sumarse a la iniciativa popular.

Este tipo de actos forman parte del litigio del Ayuntamiento de Barcelona, que también preside la Xarxa de Ciutats Contra la Impunitat Franquista, la cual persigue los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil.