Argentina es uno de los países con mayor aceptación de la comunidad LGTB, o al menos eso es lo que creíamos hasta ahora, ya que el último hecho vivido en una de sus escuelas nos ha desmontado un poco la visión que teníamos.
La pasada semana, Santiago Coraita, un alumno de 16 años del colegio privado Santa María, vio cómo desde la dirección del centro le obligaban a retirar de su mano una pulsera con la bandera del colectivo LGTB. Este suceso ha provocado que sus padres presentasen el pasado martes un denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación).
Los directivos del colegio privado habrían cuestionado al adolescente por usar una pulsera con los colores de la lucha por los derechos de la comunidad LGTB.
El día antes a que se interpusiese la denuncia, la ministra de Educación, Analía Berruezo, confirmó que analizarían el episodio y no descartó aplicar sanciones al colegio. Pese a todo esto, algunos de los sectores de la sociedad consieran que la respuesta por parte de las instituciones ha llegado un poco tarde, ya que el hecho sucedió el 28 de septiembre.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Salta sostuvo que «desde que esto se hizo público estamos trabajando en el tema con los funcionarios de Derechos Humanos».
Esta es la sanción para los alumnos que se solidarizaron con un compañero discriminado por ser gay en el colegio Santa María de Salta. Las autoridades no le dejaban usar una pulsera con los colores #LGTB. Se quedan sin ciclo 2019. Así es #SaltaLaLinda (@AnaLaprofe484) pic.twitter.com/n3z3BnJQl1
— Sara Di Tomaso (@Sditomaso) 10 de diciembre de 2018
En la denuncia, se habla de «indebida intromisión en la privacidad del niño«, además de un «acto de homofobia«. Por otro lado, también se hace mención a la «indirecta expulsión» de cuatro compañeros que expresaron solidaridad con Santiago en las redes sociales a través de una publicación en la que se mostraba el signo del colegio firmado con Fuck what they think (que no te importe lo que piensen).
Esto provocó 14 amonestaciones a los cuatro estudiantes que lo hicieron. Pese a que estos pidieron disculpas, desde la dirección se les informó de que no les renovarán la matrícula en 2019 haciendo valer el derecho de admisión.
La denuncia, que fue presentada de manera conjunta entre los padres de Santiago y los padres de los cuatro compañeros, habla de «indebida intromisión en la privacidad del niño», además de un «acto de homofobia» y de la «indirecta expulsión» de cuatro compañeros que expresaron solidaridad con Santiago en las redes sociales.
Los jóvenes, que llevaban asistiendo a la institución desde que tenían tres años, siguen siendo alumnos del centro y ya están matriculados para el próximo ciclo colectivo, aunque no les permitirán terminar la secundaria allí, ni por voluntad de la familia ni por voluntad del colegio.
Esto va totalmente en contra de la ley provincial de educación 7646 del país, que en su artículo 8 garantiza el «desarrollo integral y permanente de la persona y la formación para convivir en una sociedad democrática y participativa».
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