“Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación los que realicen actos de homosexualidad”. Así reza textualmente el artículo segundo de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. El texto, aprobado para “corregir los defectos observados en el sistema” y “el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”, condenaba al colectivo LGTB con internamiento, multa, prohibición de residencia y sumisión de vigilancia.
Para ello, se establecieron dos penales, uno en Badajoz y otro en Huelva, donde se enviaban a los pasivos y los activos respectivamente. En estos establecimientos, tal y como explica el Informe de Amnistía Internacional España: poner fin al silencio y a la injusticia, se pretendía reconducir la orientación sexual de los presos mediante lo que se denominó terapia de aversión: tras estímulos homosexuales se daban descargas eléctricas, que cesaban cuando había estímulos heterosexuales.
A partir de ese momento, 8 años de vagar por el desierto solo con el ligero afloramiento de las primeras asociaciones LGTB y una ferviente resistencia contra la normalización que no entendía de ideologías. Aquel “No, no creo que se les deba castigar. Pero no soy partidario de conceder libertad ni de hacer propaganda del homosexualismo. Creo que hay que poner límites a este tipo de desviaciones, cuando el instinto está tan claramente definido en el mundo occidental», del alcalde socialista de Madrid Enrique Tierno Galván en 1977 para Interviú, aún provocan pellizcos alucinógenos.
Palabras como estas, apoyadas en una normativa incompatible con la transición, comenzaron a propiciar manifestaciones por todo el país. El 26 de junio y 4 de diciembre de 1977 se produjeron las primeras en Barcelona. Mientras, se intentaba presionar a Adolfo Suárez para que echara abajo semejante aberración, y después de un largo proceso nació la Ley 77/1978, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su Reglamento, donde “quedaban en blanco los supuestos dos, tres, trece, catorce y quince de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social”. Por cierto, en la prensa de la época solo se hacen eco de la solemne sanción real de la Constitución.
Una pequeña victoria que no fue efectiva hasta que se publicó en el BOE del 11 de enero de 1979, tal y como relata el activista Jordi Petit en redes sociales. Y para más inri, no se consiguió la amnistía para los encarcelados hasta 1981, y el delito por escandalo público, referido a relaciones entre personas del mismo sexo, continuó vigente hasta 1988. Numerosas personalidades, como la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, se han querido hacer eco de una fecha histórica, primera piedra en el intento por conseguir esa ansiada igualdad de derechos en materia LGTB.
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