La ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia lleva dos años de vigencia tras su aprobación por la Asamblea de Madrid. Sin embargo, hubo y hay grandes opositores a esta iniciativa, entre los que se encuentran Rocío Monasterio (actual dirigente de Vox en Madrid), Mariano Calabuig (diputado de Vox en la Asamblea de Madrid) y también Lourdes Méndez (exmiembro del PP y ahora en las filas de Vox), que con el apoyo de medio centenar de asociaciones civiles, católicas, pro-vida, de familias numerosas y padres separados crearon la Plataforma por las libertades.
Esta plataforma extremadamente conservadora y abiertamente homófoba llegó a desarrollar un manifiesto donde defendía «el derecho a la autonomía del paciente y la libertad individual ante leyes que prohíban someterse a una terapia de reorientación de la inclinación sexual cuando se trate de revertirla a la heterosexualidad» y protestan de que «pueden incluso ser denunciados los padres por violencia familiar si acuden con su hijo a un psicólogo para consultarle sobre sus deseos o aplicar una terapia de ese tipo».
En resumen, la plataforma pedía que no se prohibieran las conocidas como terapias de conversión que buscan modificar la orientación sexual de una persona. Actualmente, este tipo de terapias se consideran infracciones ‘muy graves’ y pueden ser sancionadas con una multa de hasta 45.000 euros y otras penas como la inhabilitación temporal o la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad por un periodo de hasta tres años.
La plataforma pide la derogación de las leyes contra la LGTBIfobia porque, según ellos, «lejos de promover la igualdad y no discriminación, tratan de imponer una ideología implacable y anticientífica que atenta contra la libertad de los ciudadanos».
Esta plataforma integrada por HazteOír, Jóvenes Pro-familia, Femidisidencia, Citizen Go, Profesionales por la Ética, Federación One of Us y otras organizaciones tachaba de «atropello político» la publicación de estas «leyes totalitarias» que «impone la doctrina del lobby LGTBI».
El manifiesto termina del siguiente modo:
«No estamos ante un problema de negación de derechos de las personas LGTBI, sino de negación del derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género, sean homo- o heterosexuales. La defensa de la libertad ideológica y el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos y opiniones es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Por tanto, no se puede admitir la imposición de una visión unilateral de la vida humana y del ejercicio de la sexualidad. Por todas estas razones, pedimos a los legisladores que deroguen estas leyes totalitarias, que restringen y atentan contra la Libertad».
Resulta cuando menos sorprendente que hablen de «la imposición de una visión unilateral de la vida humana y del ejercicio de la sexualidad». Pero vamos a ver, ¿acaso no es justamente eso lo que se ha venido haciendo por los siglos de los siglos (amén)? ¿Habría que recordarles que antes nos quemaban en la hoguera?
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