Está claro que la formación ultraderechista española Vox ha conseguido más militantes de lo que debería. Desde su fundación en 2013, Vox ha contado con un apoyo descomunal e inesperado. Cosas que parecían superadas en España, parece que no lo están. En concreto, uno de los targets del partido de Santiago Abascal ha sido sin duda el colectivo LGTBI.
Con los años, hemos conocido las distintas propuestas y discursos que han hecho en contra de los derechos del colectivo, e incluso han tratado de legalizar la discriminación y la violencia contra el colectivo arcoíris con la petición de la eliminación de la ley contra la discriminación LGTBI.
La Federación Plataforma Trans y el Observatori Contra l’Homofobia de Cataluña han solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue sus actuaciones y declaraciones. Ahora bien, si se detectan delitos de odio, piden que se proceda a ilegalizar a Vox. Mar Cambrollé y Eugeni Rodríguez, presidentes de dichas asociaciones, han declarado que las actitudes de Vox representan «una vulneración de la Constitución Española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (…) El odio es odio y no puede ser libertad de expresión. (…) Nunca pueden ser lícitos en un Estado de Derecho y democrático los discursos de odio porque tienen una incidencia social que se convierten en agresiones en las calles y en acoso en las escuelas».
¿Será este un paso decisivo para acabar con la discriminación que propicia Vox?
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