La votación se resolvió con una amplia mayoría a favor de la nueva ley, pues solo 8 de los 160 legisladores votaron en contra. Sin embargo, para que entre en vigor hace falta la firma del presidente Alejandro Giammattei.
La nueva medida cambiará el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una de las legisladoras expresó: «Bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer».
En el tema del aborto, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» se enfrentarán a cinco años de cárcel como mínimo, pero las penas podrían ser mayores dependiendo de la situación. Ahora mismo esta práctica solo es legal si la vida de la madre corre peligro.
Por último, también se prohibirá la enseñanza de diversidad sexual en las escuelas. Es decir, no se puede hablar de «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».
Los sectores de la izquierda se han manifestado totalmente en contra: «Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio».
Distintas asociaciones LGTB y feministas del país se han pronunciado mostrando su descontento con la situación. En concreto, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de «retroceso para la libertad», y ha prometido llevarla a la Corte de Constitucionalidad del país si llegara a aprobarse.
Tras las manifestaciones de este fin de semana, el presidente se ha pronunciado respecto a la ley, y le ha pedido al Congreso que la archive, ya que considera que viola la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el país. En caso de no hacer esto, parece que él mismo la vetaría.
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