Anualmente, ILGA-Europa elabora el mapa e índice anual Rainbow Europe, donde clasifica la situación legal y política de las personas LGBTIQ+ en 49 países europeos durante los últimos doce meses. Los datos se han dado a conocer en el marco del Foro IDAHOT+ desarrollado en Chipre. En líneas generales, se ha detectado una tendencia por llenar los vacíos que existen en torno a los derechos LGTBIQ+ y por impulsar nuevos estándares ante las recientes amenazas a la democracia. Como viene sucediendo en años anteriores, España muestra una tendencia descendente y ha bajado cuatro puestos en la clasificación europea.
El mapa arco iris de ILGA-Europa, que clasifica a los 49 países europeos en una escala entre 0% (violaciones graves de los derechos humanos, discriminación) y 100 % (respeto de los derechos humanos, plena igualdad), se publica cada mayo desde 2009, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Óscar Rodríguez, vocal de exteriores de FELGTBI+, ha colaborado en la elaboración de este informe y añade que “este esfuerzo común de activistas y entidades de todo el continente europeo hace una radiografía de la disparidad de derechos que aún existen para la comunidad LGTBIQ+ dependiendo de su lugar de residencia. Al mismo tiempo, Rainbow Europe debería servir como hoja de ruta a quienes tienen capacidad de decisión para orientar sus políticas en materia de igualdad y diversidad.”
Este año, España se sitúa en el puesto 10º empatada con Portugal, lo que supone un descenso en la clasificación respecto a años anteriores. Sin ir más lejos, en 2020 y 2021 ocupó el 6º puesto, lo que indica que se está ralentizando el progreso de los derechos del colectivo en el territorio español. Esto es particularmente grave si tenemos en cuenta que España ha sido siempre un referente en derechos LGTBIQ+. Precisamente, en 2011 ocupó el 2º puesto en el ranking. Esto implica una llamada de atención para seguir dando pasos adelante y no estancarnos en réditos del pasado.
Algunos de los criterios que bajan la puntuación son el no reconocimiento de las personas no binarias y de la autodeterminación. Además, el requerimiento de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y de una intervención médica obligatoria para personas trans, implica que aún se considere como una patología médica/psicológica, por lo que resta puntos de cara al ranking. Asimismo, en el informe se detectan necesidades de mejora, como la prohibición a nivel estatal de las terapias de conversión y la implementación de políticas públicas sobre asilo que contengan mención expresa de todos los motivos OSIEGCS (orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales).
El ranking se establece mediante la puntuación ponderada de cada país en siete categorías temáticas: igualdad y no discriminación; familia; delitos de odio y discurso de odio; reconocimiento legal de género; integridad corporal intersexual; espacio de la sociedad civil; y asilo. Una de ellas, la que se refiere a integridad corporal intersexual, se ha presentado nueva este año, lo cual deja patente el compromiso de
ILGA-Europa por adaptarse a las nuevas realidades y diversidades. En esta categoría se incluyen medidas como la prohibición de las intervenciones médicas innecesarias en personas intersexuales sin su consentimiento o la protección de la integridad corporal.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha señalado que la desigualdad legislativa entre territorios empeora nuestra clasificación en el índice anual. Además, este hecho justifica la necesidad de aprobar una Ley estatal Trans y LGTBIQ+ que iguale al alza los derechos en las 17 CC AA y las dos ciudades autónomas. Rodríguez defiende que “aprobar una legislación a nivel estatal volvería a situar a España entre los países más avanzados en derechos LGTBIQ+ y reduciría las asimetrías entre los territorios del Estado. Al tiempo que estaríamos cumpliendo con las recomendaciones formuladas en la Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ+ 2020-2025 de la Comisión Europea. El avance en políticas de igualdad siempre supone una mejora de la calidad democrática”.
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