Justicia para las víctimas de una agresión homófoba en Móstoles

Temas: Homofobia, Policía

“Puto maricón», «os tenían que matar a todos», «no sois hombres», «sois la vergüenza de este país», «soy legionario, cuando os vea por la calle os voy a matar”. Estos comentarios fueron pronunciados por un exlegionario con antecedentes penales hacia dos jóvenes en la localidad madrileña de Móstoles, mientras estaban en la terraza de un bar. Tras un año y medio de aquel suceso, ahora ha sido condenado por delito de odio, delito de amenazas y por desobediencia a la Policía Nacional, la cual intervino en el momento de la agresión.

Los hechos transcurrieron en la Plaza de Flandes de Móstoles en septiembre de 2020, mientras los jóvenes estaban en la terraza y el agresor en el interior del bar. Los insultos comenzaron desde la distancia, hasta que este se acercó a las víctimas de la agresión y llegó a escupir a uno de ellos. Los dueños del bar, tras ver que les estaba amenazando de muerte, llamaron a la policía. La llegada de esta agravó las conductas violentas del exlegionario, que gritaba que “si iban a defender a unos maricones no eran policías”.

Una vez llevado a juicio, este negó en redondo los hechos. Posteriormente, el acusado intentó justificar que la agresión fue provocada por los propios jóvenes, al considerar que tenían “una conducta que no procedía en un lugar público”. Además, excusó sus comportamientos atribuyéndolos a que estaba bajo los efectos del alcohol. La Audiencia Provincial de Madrid apunta a que el motivo de la agresión no fue otro que la orientación sexual de los chicos. Los jueces afirman que “todo indica que se trató de una reacción de intolerancia por no admitir como normales relaciones de esta naturaleza”.

La Fiscalía acusó al exlegionario de delito de odio, y pidió una condena de un año de prisión. Finalmente, la Audiencia Provincial le ha condenado a seis meses de prisión y al pago de varias multas: 1.080 euros por delito de odio, 180 euros por delito leve de amenazas y 2.166 euros por desobediencia al Cuerpo Nacional de Policía. Además, ha sido establecida una orden de alejamiento que impide acercarse a las víctimas a menos de medio kilómetro, y se le ha inhabilitado trabajar en el sector educativo durante tres años y medio.