Repasamos los principales puntos de la Ley Trans aprobada en el Consejo de Ministros

Temas: Derechos LGTBIQ+, Intersexual, Irene Montero, Política, Trans

Tras estos meses de espera en los que se han dejado los derechos de las personas trans en el aire, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El anteproyecto de ley ha sido una de las principales luchas de Unidas Podemos, sobre todo de la ministra de Igualdad Irene Montero. La oposición interna ha venido por parte de los sectores más conservadores del PSOE, personificados en la exvicepresidenta Carmen Calvo, que abandonaba el Ejecutivo hace justo un año.

La Ley Trans ha sido aprobada en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York hace 53 años. Estas revueltas dieron inicio al movimiento de liberación LGTB. La ley pretende que «todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, no haya armarios y todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida en libertad», ha señalado Irene Montero. También ha añadido que «España se sitúa una vez más a la vanguardia» de los derechos LGTBIQ+. Cabe recordar que nuestro país fue el tercero del mundo en aprobar el matrimonio igualitario en 2005, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Autodeterminación de género

Uno de los puntos más polémicos que recoge la ley es la autodeterminación de género. Si la nueva ley es finalmente aprobada por las Cortes, todas las personas mayores de 16 años podrían solicitar el cambio en la mención registral del sexo (el que aparece en el DNI) sin ningún tipo de requisito. Esto elimina la necesidad de contar con hormonación y evaluaciones psicológicas y médicas. La ley recoge un proceso de doble comparecencia en el que la persona solicitante debe rellenar primero un formulario. Después se establece un periodo máximo de cuatro meses, al final del cual el solicitante debe ratificar su decisión.

España se suma así a otro puñado de países con leyes parecidas, como son Argentina, Portugal, Malta o Dinamarca. El Estado español no contaba hasta ahora con una ley trans o LGTBI unitaria, pero son ya 14 las autonomías que cuentan con legislación propia en este ámbito. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla carecen de leyes trans o LGTBI. Por su parte, Galicia y Cataluña son las únicas comunidades cuya legislación no contempla la autodeterminación de género.

Uno de los principales argumentos de los detractores de la ley trans era la posibilidad de que un condenado por violencia de género pudiera evitar la pena pidiendo el cambio de sexo. La ley tiene un artículo específico que elimina esta posibilidad. Las personas que rectifiquen su sexo registral mantienen sus obligaciones jurídicas previas al cambio.

La ley también contempla que las personas migrantes puedan pedir el cambio si demuestran que su país de origen no contempla la autodeterminación. Sin embargo, la ley deja fuera a las personas en situación irregular. Además, no hace ninguna mención a los derechos de las personas no binarias.

Otros aspectos

Aunque la autodeterminación de género haya constituido el principal objeto de debate, no es lo único que contempla la ley. Entre otras cosas, prohíbe las terapias de conversión, consideradas tortura, aunque cuenten con el consentimiento de las personas interesadas.

También equipara las parejas de mujeres a las heterosexuales en cuanto al derecho de filiación de los hijos. Ya no es necesario el requisito del matrimonio. Por otro lado, las personas trans dejarán de ser consideradas legalmente enfermas. La ley protege además a las personas intersexuales, y prohíbe las cirugías genitales no imprescindibles en menores de 12 años.

El camino de esta nueva ley trans y LGTBI no termina aquí. Ahora tendrá que ser aprobada tanto por el Senado como por el Congreso de los Diputados antes de que podamos hablar de una ley efectiva.