Para sorpresa de nadie, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a mostrar su postura conservadora con respecto a los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+. Ha sido esta mañana, en el programa de EsRadio presentado por Federico Jiménez Losantos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha atacado la celebración del Orgullo de Madrid, ciudad a la que considera abierta y diversa. Una afirmación que se ha visto ensombrecida unos segundos después cuando la dirigente del PP, después de atacar –cómo no– al Gobierno de Pedro Sánchez y al movimiento feminista, ha dicho que «antes el Orgullo y el 8M se celebraba ese día y se hablaba de él el día anterior, luego pasó a ser una semana, y ahora ya estamos un mes aguantándolo».
Para la presidenta de supuestamente todos los madrileños es un problema aguantar que todas las personas, independientemente se su procedencia, identidad de género u orientación sexual, puedan pasear por las calles de su comunidad, vivir, pasarlo bien y reivindicar los derechos y libertades contra los que atentan continuamente tanto ella como su partido, y las agrupaciones de ultraderecha con las que pacta. Quizá no le resulte tan problemático que el beneficio económico de esta celebración se estime entre los 250 y 400 millones de euros para la ciudad, según José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Ayuso considera que la izquierda ha convertido el Orgullo en «una palanca para promover el odio contra otros». Y después de burlarse junto a Losantos de que ya no se sabe de quién es el Orgullo, ya que antes era gay y ahora hay muchos más términos que, para ellos, no tienen sentido, sí se muestra orgullosa «de gestionar los servicios públicos de una región donde los ciudadanos son tratados con total respeto». No tenemos claro si se refiere a servicios públicos como los sanitarios, donde encontramos titulares como la pérdida de cuatro mil puestos en la plantilla de sanitarios de la Comunidad de Madrid, el colapso de hospitales o la reorganización de servicios de urgencias de atención primaria sin médicos.
O quizá se refiere a la educación, donde además de promover la censura en los contenidos de los libros de texto para que no contemplen la diversidad sexual y de género o apostar por la privatización, apoya la concesión de becas económicas de estudios a familias que cuentan con ingresos anuales de hasta 107.000 euros «porque lo pasan también muy mal».
Podríamos enumerar un largo etcétera de ataques de la presidenta madrileña hacia los colectivos minoritarios o el bienestar de los madrileños que no cuentan con tantos privilegios como a los que ella protege a capa y espada, pero no tenemos ni tiempo ni ganas de replicar su odio. Odio contra la libertad y la diversidad que han llevado a Madrid a ser una de las capitales más reconocidas en todo el mundo por la comunidad LGTBIQ+. Un lugar de referencia que, por su gestión y la de los partidos políticos conservadores que lidera y defiende, podría dejar de serlo muy pronto.
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