Cuando hablé con Zamir, hombre trans que, entre otras labores como pintor, cerrajero o albañil desarrolla su vida en Bolivia, me quedó claro su resiliencia y valor tras aquel aborto que no pudo completar al sufrir una violación “correctiva” diez años atrás.
«Por aquellos tiempos, salí del armario y tenía una novia. El padre de mi hijo y yo nos habíamos separado, pero aún continuábamos viviendo en la misma casa. Una noche llegó borracho, entró en mi cuarto, me gritó, golpeó, se sentó sobre mí y comenzó a preguntarme si él no era lo bastante hombre para que fuera lesbiana. Acto seguido, me dijo que me iba a enseñar a ser una mujer. Me violó. Fuimos a denunciarlo, pero mi madre retiró la denuncia con la justificación de que mi orientación sexual era pecado. Fruto de la violación, quedé embarazado.
En aquel entonces, me hubiera encantado que hubiese una ley que me permitiese abortar. Sufrí mucho y aún continúo con un trauma; sigo sin poder aceptar a la bebé. Durante el embarazo, intenté abortar con pastillas, pero me hicieron daño y acabé en el hospital. Al ver cómo crecía mi barriga, me golpeaba. Tomaba químicos para abortar, oré e hice todo lo posible. Sin embargo, el embarazo seguía su curso y no quedaba otra opción: la tendría y entregaría en adopción. Como mi madre es evangélica, me dejó bien claro que era pecado abortar. Le espeté que era fruto de una violación, pero ella me contestó con un frío ‘la vas a tener y punto’. Para quienes somos hombres trans en Bolivia, estas violaciones son frecuentes y traumatizantes, pero nadie habla del tema.
La fuerza y apoyo que me dio mi novia fue lo que más me ayudó. Ella estaba en el hospital cuando pasé por todo. A los seis meses de embarazo, entraron a robar a mi casa; intenté defenderme, pero me apuñalaron. Aunque la sangre salía como un grifo, sentía una alegría única al ver que el cuchillo estaba en mi barriga. Pensé que la pesadilla habría acabado. Al despertar, me encontraba atado en la cama, me habían practicado una cesárea y sacado a la bebé. Al traerla por primera vez para que le diese de mamar, fui incapaz. La bebé pasó tres o cuatro meses en la incubadora y no quise saber nada de ella. Me vi obligado a tenerla y ahora le cuida mi madre.
Más tarde, en una conversación con mi madre, decidí decirle que era trans. Ella me contestó que moriría para ella si me volvía así. Acepté su decisión; acababa de matar a su hija y ahora tenía un hijo. Aunque mi madre hoy en día continúa rechazándome, después de esa violación, tomé fuerza para defender lo que y quien soy: un hombre trans. He vivido 30 de mis 38 años en la sombra, llorando y escondido, atendiendo a lo que mi familia quería. Cuando salí del armario, solté lastre y dejé atrás a amigos, familiares, mi casa y vida y me trasladé a Cochabamba. Ahora soy Zamir, un nombre que significa hombre nuevo en Dios».
Aborto LGTBIQ+ en Bolivia
En el país andino, el aborto está penado con hasta cinco años de cárcel, salvo algunas excepciones. Una legislación que obliga a millares de personas a recurrir al aborto clandestino, donde se pone en juego la vida de las personas gestantes. De hecho, según señala la Defensoría del Pueblo, el aborto en Bolivia es la tercera causa de muerte en mujeres gestantes.
“El aborto no va a dejar de existir jamás. Lo único que hace la legalidad es darnos herramientas para continuar con vida al practicarlo”, indica Fabiana J., investigadora del estudio ‘Aborto en mujeres bisexuales, mujeres lesbianas y hombres trans en el Estado Plurinacional de Bolivia’ lanzado por ManoDiversa y la Mesa de Trabajo Nacional. Aunque las mujeres homosexuales, bisexuales, pansexuales, hombres trans o personas no binarias tienen la necesidad de interrumpir el embarazo, la legislación no contempla estos casos, ni la atención en salud respeta esa diversidad.
Gerardo Camacho es uno de los investigadores principales de este estudio pionero que surgió, según subraya, “en una marcha LGTBIQ+ donde se negaba la participación de un bloque feminista que vestía el pañuelo verde para reivindicar el aborto. En ese momento, la óptica cisgénero y heteronormativa gobernaba las visiones del movimiento”.
Una publicación que saca a la luz que seis de cada diez personas encuestadas han pasado por un aborto. De estas interrupciones, un 59% lo realizó en casa, mayoritariamente, por problemas económicos. Además, prefieren realizarlo en el ámbito doméstico debido al miedo que genera ir a un centro médico y encontrarse con el castigo de la normativa estatal. Por otro lado, aunque el 91% reconoce necesitar apoyo en esos momentos, la mayoría de los hombres trans pasan solos por este proceso. Conjuntamente, una curiosidad que se resalta es que mientras las mujeres que no cumplen con la normativa cometen delito, los hombres trans viven un “vacío legal”; el Código Penal habla de mujeres y no cuerpos gestantes u hombres.
Yam Medrano, persona no binarie que participó en la investigación, destaca que en Bolivia no se aborda el aborto desde una mirada interseccional y se ignora la realidad de las personas con capacidad de gestar; personas que cuentan con órganos femeninos, pero han transitado en su identidad. “Las personas no binaries no existimos para el estado, ni para el sistema de salud ni para la sociedad. Por ejemplo, a la hora de acceder a una consulta médica, únicamente puedes identificarte como hombre o mujer”.
Asimismo, este estudio arrojó luz sobre el trabajo sexual, al que muchas personas optan bajo condiciones de pobreza, falta de estudios o exclusión, quedando en embarazo y sin derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo.
“Otro tema es la objeción de conciencia médica; una negación muy peligrosa al aplicarla en temas de salud pública. Por ejemplo, si por mi religión estoy en contra de una transfusión de sangre, puedo evitar hacerla, aunque una persona se esté desangrando con esta objeción. Lo mismo ocurre con los abortos”, señala Diéguez.
En 2020, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo un estudio en el que sobresalía que un 90% del personal sanitario desconocía las circunstancias legales para practicar un aborto. Por este motivo, se recomienda que las organizaciones sociales LGTBIQ+ o aquellas que promueven la interrupción del embarazo aborden la diversidad en el aborto para sacarlo del armario. Es imprescindible un enfoque de prevención basado en la educación para conseguir un aborto seguro que respete orientación sexual e identidad de género. Aún se cuentan numerosas maternidades forzadas impuestas que demuestran la inexistente autonomía de los cuerpos.
Violaciones “correctivas” y delitos de odio
Una de las “terapias de conversión” más famosas en Bolivia es la violación “correctiva”, una práctica medieval consistente en una agresión física a los cuerpos que no pertenecen a la cisheteronormatividad para lograr un cambio en su orientación sexual o identidad. Una tortura que queda sin denunciar por el miedo al estigma y la discriminación. Los agresores suelen pertenecer al entorno familiar y acaban por convertirse en secretos familiares. En muchos casos, se les obliga a contraer matrimonios forzados para encubrir el delito y “curarles”. En otros, se imponen labores de crianza, paternidades o maternidades forzosas o abortos inseguros.
“Bolivia no tipifica las violaciones correctivas ni hay un informe oficial que numere este tipo de delitos. De hecho, no hay ningún tipo de registro gubernamental en cuanto a delitos de odio LGTBIQ+” señala Camacho. “Es constante escuchar que una mujer es lesbiana porque nunca ha probado un hombre. Frases que muchas veces se transforman en violaciones. Hechos que deben ser considerados como crímenes de odio».
En el país andino, la mayoría de los crímenes de odio no son denunciados. Se estima que una de cada diez víctimas denuncia, el resto permanece en silencio para guardar su identidad. Entre 2008 y 2020, veinte personas trans fueron asesinadas, de acuerdo con el informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM).
Además, en el estado latinoamericano, 7 de cada 10 personas LGTBIQ+ han sufrido algún tipo de agresión como señala Conexión Fondo de Emancipación. Frente a esta situación, las organizaciones sociales se unen para conseguir una inclusión real que no deje ningún ámbito o persona en el armario por el miedo o estigma; un futuro multicolor donde no importe el género o la orientación sexual, en el que el aborto también cuente con los colores del arcoíris de la bandera.