Buenos Aires ha sido escenario de un execrable crimen lesbófobo. En la madrugada del lunes 6 de mayo, Justo Fernando Barrientos lanzó un cóctel molotov y prendió fuego a la habitación de la pensión donde vivían dos parejas de lesbianas. Una de ellas falleció a las pocas horas, otra el pasado miércoles y otra el domingo. La única superviviente ha sido Sofía Castro, de 49 años, que sufrió heridas leves.
Las dos parejas y el agresor residían en Barracas, un barrio de Buenos Aires. Varios huéspedes de la pensión explicaron que Barrientos, de 62 años, había amenazado a las víctimas con anterioridad. Se refería a ellas como «engendros», «tortas» y «gordas sucias», y la pasada Navidad, tras una discusión, amenazó con que «las iba a matar».
El miércoles pasado se convocó una vigilia a las puertas de la pensión para honrar a las mujeres asesinadas. El viernes hubo un acto en el Congreso argentino para pedir justicia. Mucha gente se ha movilizado en redes sociales: la cantante Lali, que siempre ha destacado por reivindicar derechos e injusticias sociales, ha condenado el suceso. Activistas LGTB acusan directamente al Gobierno de Javier Milei y su discurso de odio del aumento de estos crímenes, y llaman a la movilización y protestas masivas en la calle.
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El Gobierno de Milei se pronunció ayer sobre los crímenes. Su portavoz, Manuel Adorni, compareció tras la muerte de la tercera mujer y las manifestaciones que se produjeron ayer. Adorni se resistió a calificar el suceso como un crimen de odio hacia el colectivo. «No me gusta definirlo como un atentando a determinado colectivo», explicó. Además, agregó que “es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”. Para él, “está mal, sea a quien sea”.