La Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid centra sus funciones en la atención, orientación y asistencia a victimas de hechos discriminatorios por cuestiones religiosas, de procedencia, discapacidad, identidad u orientación sexual. En 2023, la Comunidad de Madrid registró 512 delitos de odio, lo que equivale a unas 43 infracciones mensuales. Este incremento del 33,1%, en Madrid supera el aumento nacional del 21%.
Dolores Vilches, inspectora de la Comisaría de Gestión de la Diversidad, atribuye esta tendencia al alza al “éxito de nuestra labor de concienciación”. Los más comunes son los delitos de odio relacionados con el colectivo LGTBIQ+, seguidos por casos de racismo y xenofobia. Sin embargo, Vilches subraya la importancia de relativizar las estadísticas, ya que ciertos grupos “infradenuncian” debido a la falta de empoderamiento y atención.
“El colectivo LGTBIQ+ está muy empoderado”, destaca Vilches, mientras que otros colectivos, como las personas con discapacidad, presentan menos denuncias, lo cual no refleja necesariamente una menor frecuencia de incidentes.
Una de las principales funciones de esta comisaría, situada en la calle Sacramento nº 2, es que queden el menor número de delitos de odio sin denunciar, para lo cual se crean campañas de sensibilización hacia la ciudadanía a través de la colaboración con organizaciones como el Secretariado Gitano, la Asociación Marroquí y la Comunidad Judía.
Stop LGTBIfobia
La Unidad de Gestión de la Diversidad ha sido galardonada por la Fundación Prodis por su trabajo con personas con discapacidad, y con “el Premio Pluma Arcoíris” concedido por una asociación LGTBIQ+ de Vicálvaro. Actualmente, la unidad cuenta con doce agentes y dos mandos, la mitad de efectivos con los que llegó a contar a finales de la etapa de Carmena. La inspectora resalta la especialización del personal en la atención a víctimas, que promueve un ambiente amigable y alienta a la denuncia de actos discriminatorios.
Los agentes trabajan con “indicadores de polarización”, donde se incluye “la percepción de la víctima, su pertenencia a grupos minoritarios y comentarios discriminatorios”. Sin embargo, es una tarea difícil tanto para las víctimas como para los tribunales.
Según los tribunales llamar “maricona”, “perra”, “hijo de mala madre” a un vecino, gritar “payasa, vete a tu país” a una mujer ecuatoriana o dar una patada al grito de “maricón” son delitos de odio según la jurisprudencia. Pero, según estos mismos tribunales, llamar “maricona de mierda” a un hombre en un supermercado, “gentuza, vete a contaminar tu puto país, negra de mierda” a una mujer racializada, o que un hombre te grite “te voy a hacer heterosexual a hostias” no son constitutivos de un delito de odio.
La terminología “delitos de odio” se refiere a “un conjunto de comportamientos que pueden ser constitutivos de infracción penal. Sin embargo, en ocasiones, no llegan a esta categoría y se quedan en el ámbito administrativo”, afirma la inspectora. Y añade que “lo relevante es cómo el autor selecciona a la víctima por su pertenencia a un colectivo”.
La inspectora Vilches recuerda que toda persona puede convertirse en un colectivo vulnerable y que son comportamientos que “atentan directamente contra la dignidad humana y socavan de manera relevante la convivencia pacífica».
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