El Parlamento de Georgia ha aprobado este pasado martes 17 de septiembre una nueva ley anti LGTBIQ+ que prohíbe la “propaganda” relacionada con el colectivo, la reasignación de género o el matrimonio igualitario. La norma fue aprobada con 84 votos a favor y ninguno en contra de los 150 escaños totales. Los diputados de la oposición no han acudido a la votación como protesta tras la aprobación de una norma sobre agentes extranjeros.
La ley, presentada bajo el pretexto de la «protección a los valores familiares y a los menores», aún está pendiente de la firma de la presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, para su entrada en vigor. Sin embargo, más de 30 organizaciones de derechos humanos cuestionan la utilidad de esta ley, y argumentan que no aborda los problemas reales que afectan a las familias y los menores, como la pobreza, la falta de infraestructuras y las deficiencias en el sistema educativo.
Según señalan varios grupos de la sociedad civil, “la única manera de responder a estos y otros desafíos es hacer un progreso decidido y de principios en el camino hacia la integración europea”.
Además, señalan que esta norma no solo vulnera los derechos LGTBIQ+ sino de todos los ciudadanos, ya que al perseguir a un colectivo determinado se crea el precedente de que otros colectivos también puedan serlo. Por eso, Naciones Unidas señala que esta ley contiene una serie de disposiciones que ponen en riesgo “una amplia gama de Derechos Humanos”, como la igualdad, no discriminación, educación, salud, libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Un texto que, según Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, “perpetúa estereotipos negativos sobre las personas LGTBI”, ya que dificulta el acceso a la atención sanitaria y afecta negativamente en la lucha contra el VIH. Throssell insta a las autoridades georgianas a dar marcha atrás y cumplir con sus obligaciones internacionales. Y añade: “Nos preocupa profundamente que esta ley pueda fomentar la incitación al odio, provocar más incidentes de violencia y reforzar el estigma, la intolerancia y la desinformación”.
Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades conseguirían una base jurídica que les permitiría prohibir actos como la celebración del Orgullo LGTBIQ+ y la exhibición de la bandera arcoíris, así como censurar películas y libros.
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