El próximo 14 de noviembre está previsto que se juzgue un caso en la Audiencia Provincial de Granada por el que la Fiscalía pide hasta dos años de prisión para los acusados. Estos habrían acosado e insultado repetidamente a una vecina trans, a quien exigían que abandonara el pueblo en donde residen; y le decían, entre otras cosas, «das asco» y «sobras hasta en este mundo».
Los hechos ocurrieron a principios del año 2022, cuando la víctima estaba en pleno proceso de transición. Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, la víctima se anunciaba como masajista en varias páginas web, por lo que los acusados se pusieron en contacto con ella a través de Whatsapp con la intención de recibir un masaje. Le pidieron fotografías suyas y su geolocalización para poder acudir a su casa.
Sin embargo, una vez verificaron dónde vivía y que era una persona trans, comenzaron a enviarle mensajes por Whatsapp: “Puto travesti, tiene dos días para irte […] yo vivo al lado y me das asco”, “hay niños viviendo en este pueblo”, “gente respetable” y otros donde le instaban a “desaparecer”.
Los acusados le daban dos días para marcharse y le hicieron saber que tenían su dirección como amenaza de que irían a echarla. Asimismo, distribuyeron en redes sociales las fotografías que habían conseguido engañándola.
Al día siguiente de estas amenazas, uno de los acusados merodeó por el domicilio de la víctima, y se llegó a bajar del coche en el que iba para asomarse a la ventana de la vivienda y mostrarle la conversación de Whatsapp y las fotografías. El fiscal explica que este comportamiento le hacía ver a la víctima que el acusado “iba en serio” y podían hacer realidad lo que habían dicho.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos constitucionales, concretamente por un ataque a la dignidad personal por motivos de género e identidad sexual, y pide penas de un año y tres meses de prisión para el primero de los acusados y nueve meses de cárcel para el segundo, así como multas de 1.620 euros.
Además, el fiscal considera los hechos como un delito contra la integridad moral, y en ese caso, solicita que los acusados sean condenados a dos años de prisión para el primero y un año y tres meses para el segundo. Serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
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