A finales de febrero se viralizaba un vídeo de la actriz trans Hunter Schafer en el que denunciaba que su nuevo pasaporte la reconocía como hombre. El cambio en su documentación se debía a la ley aprobada por Donald Trump nada más llegar a la Casa Blanca, en la que solo reconoce los géneros masculino y femenino asignados al nacer. Tres meses después, la justicia estadounidense ha bloqueado esta medida.
La jueza federal Julia Kobick emitió una sentencia este sábado 19 de abril, en la que vetaba la ley aprobada por Trump. Kobick argumenta que el Gobierno no ha dado suficientes explicaciones sobre por qué la orden ejecutiva y sus políticas posteriores se “relacionan con un interés gubernamental importante”.
“La orden ejecutiva y la política de pasaportes, a primera vista, clasifica a los solicitantes de pasaporte en función del sexo, y por lo tanto, deben ser revisadas bajo escrutinio judicial intermedio”, dice la sentencia. “Ese estándar exige que el Gobierno demuestre que sus acciones están sustancialmente relacionadas con un interés gubernamental importante. El Gobierno no ha cumplido con este estándar”.
Sin embargo, los demandantes demostraron con éxito que la orden de Trump se emitió “basándose en prejuicios irracionales hacia las personas trans estadounidenses” y, en consecuencia, violaba el “compromiso constitucional con la igualdad de protección para todos los estadounidenses”, añadió Kobick.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó el caso el pasado febrero, en nombre de siete personas trans que recibieron pasaportes con su género asignado al nacer. Uno de los demandantes, Reid Solomon-Lane, afirmó que temía que le descubrieran cada vez que viaje. “Pensaba que 18 años después de mi transición, sería capaz de vivir mi vida con seguridad y tranquilidad. Ahora, como padre de tres hijos, la orden ejecutiva de Trump y la consiguiente política de pasaportes han amenazado esa vida segura y tranquila”, afirmó.
“Al obligar a las personas a portar documentos que contradicen directamente sus identidades, la administración Trump está atacando los cimientos de nuestro derecho a la privacidad y la libertad de ser nosotros mismos”, argumentó la directora legal de la ACLU Massachusetts. “Seguiremos luchando para revocar esta política ilegal para todos, de modo que nadie se encuentre en esta situación insostenible e insegura”.
