Desde hace veinte años, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional Contra la LGTBIfobia. Como cada año, con motivo de esta fecha la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) publica su informe Estado del Odio: Estado LGTBI+. Este estudio pone cifras y contexto a una violencia sistemática que, lejos de disminuir, se perpetúa a través de nuevas formas de discriminación, alimentada por discursos de odio, polarización política y una respuesta institucional aún insuficiente.
Según este informe, realizado por 40db, la población LGTBI+ alcanza el 11,1 % del total la población española mayor de 18 años- –lo que se traduce a alrededor de cinco millones de personas–, de las cuales una proporción alarmante ha visto vulnerados sus derechos fundamentales en el último año.
Aumento del acoso, la discriminación y las agresiones:
El estudio revela que el 20,3 % de las personas LGTBI+ ha sufrido acoso, ya sea mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital, lo que equivale a 819.000 personas. La discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda, alcanza al 25,25 % del colectivo (1.282 500 personas).
Más preocupante aún es el salto en las agresiones físicas o verbales, que pasan del 6,8 % en 2024 al 16,25 % en 2025; un incremento de 9,45 puntos que se traduce en 812.000 personas agredidas en el último año. Este repunte de la violencia no es una realidad aislada. Las estadísticas europeas y los datos del Ministerio de Interior también alertan de un aumento similar de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género.
“Nos enfrentamos a una normalización alarmante del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física”, advierte Paula Iglesias, presidenta de FELGTBI+. En este sentido, señala que “estamos hablando de derechos fundamentales y de vidas que hoy están en riesgo por una impunidad que no podemos seguir permitiendo”.
Jóvenes y precarios, los colectivos más vulnerables:
Las personas entre 25 y 34 años, especialmente las personas trans y aquellas con menores ingresos, se encuentran entre los perfiles más expuestos al odio. Según los datos, un 23,76 % de las personas de entre 25 y 34 años ha sido víctima de una agresión en el último año. En este mismo grupo, el 35,64 % ha sufrido discriminación y el 28,22 % ha sido acosado. Por otro lado, la incidencia de estos ataques se agrava entre quienes cuentan con menores recursos económicos: el 24,47 % ha sufrido agresiones, el 29,79 % discriminación y el 21,12 % acoso. Estos porcentajes subrayan que la edad, la precariedad y, de manera especialmente alarmante, la identidad de género, son interseccionalidades que aumentan la exposición al odio.
Los espacios cotidianos tampoco resultan seguros para el colectivo. Según el informe, más de una cuarta parte de las situaciones de acoso (26,72 %) y un tercio de las agresiones físicas (35,28 %) ocurren en la calle. Por su parte, los centros de enseñanza concentran el 16,79 % de los casos de acoso y el 16,92 % de las agresiones, y el ámbito familiar representa el 12,98 % de las situaciones acoso y el 9,41 % de las discriminaciones, mientras que el centro de trabajo aparece en el 11,45 % de las situaciones de acoso y el 8,46 % de las agresiones. Las redes sociales y los lugares de ocio también figuran como focos constantes de violencia.
El problema de la infradenuncia:
A pesar de la crudeza de estos datos, la infradenuncia es muy elevada: el 46,09 % de las víctimas no acude a las autoridades. Solo el 26,82 % formaliza la denuncia y un 27,09 % recurre a entidades LGTBI+. La idea de que “no servirá de nada”, la “falta de pruebas” o el temor a no ser creído son los principales motivos por los que las personas del colectivo deciden no denunciar las agresiones.
La percepción de la LGTBIfobia también se agudiza. El 27,13 % de las personas LGTBI+ considera que la discriminación ha empeorado respecto a 2024; el 31 % opina lo mismo de la violencia física; y el 31,25 % señala un aumento de los discursos de odio. Esta sensación de retroceso se ve reflejada también en la confianza en las instituciones, la valoración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha caído del 31,88 % al 25,45 % entre quienes han sufrido agresiones físicas o verbales.
“Estos datos no solo retratan una realidad insoportable, también señalan con claridad lo que está fallando. Sin recursos, sin formación obligatoria en derechos humanos y sin una legislación que se posicione contra los discursos de odio, seguiremos sumando víctimas. Es hora de dejar de mirar para otro lado”, advierte Iglesias.
Una hoja de ruta urgente contra el odio:
Teniendo en cuenta los alarmantes resultados del informe, desde FELGTBI+ vuelven a insistir en la necesidad de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, garantizar la implementación efectiva de las leyes LGTBI+ y Trans, proporcionar un acompañamiento integral a las víctimas, fomentar la educación en diversidad en las aulas y sancionar con firmeza los discursos que deshumanizan y estigmatizan al colectivo en los medios y redes sociales.
“Este informe es una radiografía de la impunidad con la que hoy se puede agredir a una persona LGTBI+, pero también es una hoja de ruta para prevenir y revertir esta situación”, concluye Iglesias.
