El pasado 28 de noviembre, el Tribunal Superior de Tokio emitió una decisión que supone un duro revés para el movimiento en favor del matrimonio igualitario en Japón, al declarar que la prohibición legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no vulnera la Constitución nipona.
Según la sentencia, las actuales disposiciones del derecho civil –que limitan el matrimonio a parejas de distinto sexo– “continúan siendo razonables en las circunstancias actuales”. La jueza que presidió el fallo, Ayumi Higashi, agregó que el reconocimiento del matrimonio igualitario debe ser objeto de un debate en el parlamento, en lugar de ser resuelto por los tribunales.
Es la primera vez que uno de los altos tribunales del país falla a favor de mantener la prohibición, contraviniendo las decisiones –a favor del matrimonio igualitario– de otros tribunales superiores en ciudades como Sapporo, Nagoya, Osaka o Fukuoka.
El origen del litigio se remonta a 2019, cuando un grupo de ocho personas presentó una demanda alegando que las leyes de matrimonio y registro civil los excluían injustamente del derecho a casarse, privándoles de las protecciones legales otorgadas a parejas heterosexuales.
EL COLECTIVO EN CONTRA
La decisión ha sido interpretada por defensores de los derechos LGTBQ+ como un “importante retroceso” en la lucha por la igualdad matrimonial.
El caso es que Japón sigue siendo el único país del G7 que no reconoce legalmente el matrimonio igualitario, a pesar de que más de medio millar de gobiernos municipales ya emiten “certificados de pareja” para uniones igualitarias –un reconocimiento simbólico que no otorga derechos legales como herencia, custodia, pensiones o visados–.
La pelota ahora está en el tejado del parlamento japonés, que, según la propia jueza Higashi, debería debatir una reforma legal para garantizar el derecho al matrimonio sin discriminación. Aun así, la falta de consenso político y social hace incierto el camino hacia una legislación que extienda la igualdad matrimonial a todas las parejas.
