El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáev, firmó una nueva legislación que restringe la difusión de contenidos relacionados con el colectivo LGTBIQ+ en medios de comunicación, plataformas digitales y espacios públicos. La norma, aprobada previamente por el Parlamento, se presenta oficialmente como una iniciativa para proteger a los menores de contenidos que las autoridades consideran perjudiciales para su desarrollo.
La ley forma parte de un paquete de enmiendas legales relacionadas con la regulación de archivos y la limitación de la distribución de información ilegal. En este marco, se establece la prohibición de cualquier material que pueda interpretarse como promoción o propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, sin detallar de forma precisa los criterios que se utilizarán para definir este tipo de contenidos.
El proyecto legislativo fue aprobado en diciembre por ambas cámaras del Parlamento kazajo, tras un debate que se inició meses antes. Con la firma presidencial, la norma entra en vigor y habilita a las autoridades a imponer sanciones administrativas a quienes incumplan las disposiciones, tanto en medios tradicionales como en Internet y redes sociales.
Desde el Gobierno, se insiste en que la ley no criminaliza a las personas por su orientación sexual, sino que limita la difusión pública de determinados contenidos con el objetivo de salvaguardar a los menores. Las autoridades subrayan que la medida responde a valores culturales y sociales del país y que se enmarca en la protección de la infancia.
Controversia
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos y activistas han expresado su inquietud ante el alcance de la legislación. A su juicio, la norma puede restringir la libertad de expresión, favorecer la censura y contribuir a la estigmatización de la comunidad LGTBIQ+. También advierten de que la falta de definiciones claras podría dar lugar a interpretaciones amplias y a una aplicación discrecional de la ley.
La aprobación de esta normativa sitúa a Kazajistán en la línea de otros países de la región que han adoptado leyes similares en los últimos años, como Georgia y Rusia. Su aplicación práctica y el impacto que pueda tener tanto en la sociedad como en la imagen internacional del país serán objeto de atención en los próximos meses.
