El Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por los cambios que PP y Vox introdujeron en la normativa LGTBI+ de la Comunidad Valenciana. Liderado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica (Ángel Víctor Torres) y el Ministerio de Igualdad (Ana Redondo), este recurso ha sido aprobado por el Consejo de Ministros con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Según el Gobierno, dichas reformas eliminan o debilitan derechos ya consolidados para personas LGTBIQ+. Entre ellas, la posibilidad de realizar falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ o la prohibición a los centros educativos de abarcar la diversidad sexual y de género. Además, los padres de adolescentes menores de edad que quieran cambiarse el género podrán bloquear dicha transformación.
Se busca restablecer la pérdida de condiciones básicas que garantizan la igualdad de personas queer y transgénero, más concretamente, la vulneración de las competencias reconocidas en la Constitución Española que se comprometen con la igualdad y la no discriminación de todos los españoles. El Gobierno confirma que “varios artículos de la ley valenciana, en tanto que modulan la prohibición de las terapias de conversión, vulneran derechos”.
Además, el Ministerio de Igualdad ha destacado que los derechos LGTBIQ+ han sido usados para dar paso a ciertos acuerdos presupuestarios en el Gobierno. “No vamos a consentir que los ciudadanos valencianos tengan menos derechos o libertades que los del resto de España”, afirmó Redondo hace unas semanas al anunciar la presentación del recurso.
Valencia celebrando el Orgullo por sus calles.
El PP de Valencia, señalado por ‘pinkwashing’
La Generalitat Valenciana, presidida por Juan Francisco Pérez Llorca (PP), ha sido acusada recientemente de hacer un lavado de imagen rosa tras celebrar su primera Gala de la Diversidad. La polémica surge después de un correo interno filtrado en el que se explicaba que el objetivo del evento era “desapropiar a la izquierda del monopolio simbólico de la diversidad”. Este tipo de marketing es conocido como pinkwashing, un conjunto de estrategias que buscan beneficiar, en este caso, al PP valenciano, para hacerle parecer tolerante con el colectivo LGTBIQ+.
Tras la filtración, un largo número organizaciones se mostraron en contra del evento: “Ninguna gala puede ocultar el recorte de derechos que este mismo Gobierno ha impulsado y que el movimiento LGTBIAQ+ hemos conseguido llevar ante el Tribunal Constitucional”, afirmaron en un comunicado. El texto fue percibido como una estrategia política para usar la gala con un fin partidista, lo que ha sido criticado por la comunidad queer y se ha interpretado como una herramienta para desviar la atención de los recortes y medidas regresivas.
