Un juzgado de Zaragoza ha condenado al Servicio Aragonés de Salud a reintegrar 6.190 euros a un joven trans que tuvo que recurrir a una clínica privada para someterse a una mastectomía de reafirmación de género después de que el sistema público le negara la intervención por ser menor de edad. La sentencia considera que «no había amparo legal» para rechazar la operación y cuestiona el vacío de protocolos y los prejuicios institucionales que siguen marcando el acceso sanitario de las personas trans.
El caso se remonta a 2023, cuando el joven, entonces de 16 años, acudió al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para solicitar la cirugía. Aunque inicialmente fue incluido en lista de espera, posteriormente recibió una negativa: la intervención no estaba contemplada para menores de 18 años dentro del sistema público aragonés. La familia decidió entonces acudir a la sanidad privada para evitar prolongar el malestar psicológico del menor.
Sin embargo, el juez desmonta el argumento de la administración autonómica. La resolución recuerda que la ley reconoce expresamente el derecho de las personas trans menores a recibir los tratamientos necesarios para su bienestar, incluyendo la masculinización de tórax.
Asociaciones como Euforia Familias Trans-Aliadas consideran que abre una vía para reclamar otros tratamientos que siguen retrasándose o negándose a personas trans en distintos territorios. «El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos juegan en contra del colectivo», denunció Natalia Aventín, presidenta de la entidad.
Debate sobre la mesa
La decisión judicial también reabre la conversación sobre la llamada «mayoría de edad sanitaria». La legislación estatal reconoce desde los 16 años capacidad para decidir sobre numerosos tratamientos médicos, pero las personas trans siguen encontrando barreras específicas cuando solicitan intervenciones relacionadas con su identidad de género. En este caso, el magistrado considera probado que retrasar la cirugía habría supuesto un perjuicio para el desarrollo personal del joven.
La sentencia aragonesa pone nombre jurídico a una realidad que el activismo trans lleva años denunciando: muchas personas no quedan fuera de la sanidad por falta de cobertura legal sino por interpretaciones restrictivas, miedo político o ausencia de protocolos claros.
