Transgender Europe (TGEU) ha publicado su Trans Rights Index and Map (Índice y Mapa anual de Derechos Trans), un estudio que clasifica a los países según la protección, amparo, derechos y oportunidades que ofrecen a las personas trans y no binarias. Si bien se han observado avances positivos en toda Europa, TGEU señala que estos logros no se deben a cambios políticos o climáticos. El informe «revela un año de cambios sobre el papel en Europa y Asia Central, pero no un progreso político sostenido», aclara TGEU. «Si bien se han registrado más avances que en años anteriores, muchos de estos cambios, logrados con tanto esfuerzo, son impulsados por activistas y tribunales, más que por acciones gubernamentales proactivas».
TGEU también señala que, aunque las medidas legales positivas representan un avance importante, no son suficientes por sí solas, pues las leyes en papel no siempre garantizan la seguridad, la dignidad ni el acceso efectivo a los derechos humanos de las personas trans. En este sentido, la organización insta a los Gobiernos a asumir su responsabilidad para asegurar estos derechos en los distintos países y a respaldar los esfuerzos destinados a establecer protecciones más sólidas.
La investigación está cofinanciada por la Unión Europea y se realiza en colaboración con el Mapa Arcoíris de ILGA Europa. Para el índice de derechos trans se evalúa cada país según 32 indicadores distribuidos en seis categorías: Reconocimiento Legal de Género, Asilo, Delitos/Discursos de Odio, No Discriminación, Salud y Familia.
¿Qué país encabeza la lista este año?
Islandia se ha alzado con el primer puesto de la clasificación este año: ha cumplido con 30 de los 32 indicadores. En el ámbito de los delitos y discursos de odio, obtuvo una buena puntuación por contar con legislación que protege frente a estos delitos cuando van dirigidos a personas trans. Sin embargo, no dispone de una política específica para combatir el odio, algo que puede ser clave para comprender las posibles amenazas que afronta este colectivo en el país.
También le faltó un punto en el ámbito del asilo; si bien la identidad de género está respaldada por sus leyes y cuenta con reconocimiento legal de género para los refugiados, no la incluye expresamente en otras políticas de asilo.
Tras Islandia, varios países se encuentran muy cerca en la clasificación, con Malta cumpliendo 28 de los 32 indicadores, España con 27’18, Bélgica y Noruega con 25’5 cada una, y Alemania con 24’57. La organización también señala que los progresos registrados en Europa y Asia Central durante el último año son fruto del trabajo constante de colectivos activistas y de las decisiones adoptadas por los tribunales. Un ejemplo de ello es la República Checa, que introdujo nuevas directrices legales sobre el reconocimiento de género que, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, suprimen la obligación de someterse a esterilización y a intervenciones quirúrgicas.
