Una jueza de Madrid ha reconocido el derecho de una mujer trans migrante a que sus documentos legales reflejen su verdadera identidad de género. La sentencia obliga a la policía nacional a cambiar el nombre y el sexo que aparece en su documentación, después de que su primera solicitud fuera rechazada. Su abogado, Saúl Castro, considera que es una decisión histórica porque deja claro que la Administración no puede negar este derecho por falta de instrucciones.
La decisión se basa en la Ley Trans española, aprobada en 2023, que permite a las personas extranjeras modificar sus documentos cuando no pueden hacerlo en su país de origen, en el artículo 50. La norma busca garantizar que las personas trans migrantes también puedan ver reconocida legalmente su identidad en España.
En julio de 2025, Valeria, treintañera nacida en Perú, pidió a la Dirección General de la Policía que reconociera su identidad en sus documentos oficiales. Hasta ahora, no había podido conseguir este cambio, aunque vive en España de forma regular.
Su país de origen no permite realizar este cambio en sus documentos, por lo que Valeria no podía modificar sus datos en su país de origen. Pero la policía española rechazó su solicitud al considerar que debía mantenerse la información de su pasaporte, por lo que sus documentos en España seguían apareciendo con su nombre anterior y en masculino.
Un fallo histórico para la comunidad transexual
Ahora, una jueza del Tribunal de Instancia número 17 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha reconocido su derecho a cambiar esos datos en España. La sentencia establece que la Administración debe modificar su nombre y sexo/género en sus documentos oficiales, aunque su país de origen no haya hecho ese cambio. El fallo fue publicado el 5 de junio y El País ha tenido acceso exclusivo a él.
La jueza recuerda en su resolución que España tiene acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos y que la Ley Trans de 2023 permite a las personas extranjeras adaptar sus documentos mediante un trámite administrativo, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El abogado de Valeria, Saúl Castro, ha señalado que la sentencia marca un antes y un después porque puede ayudar a que las personas trans migrantes dejen de sufrir problemas cuando sus documentos no reflejen su identidad. Para Castro, la decisión demuestra que España debe garantizar este derecho y evitar situaciones de discriminación.
