El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó este martes la constitucionalidad de las leyes aprobadas en Virginia Occidental e Idaho que impiden a las atletas trans competir en equipos deportivos femeninos en centros educativos. La decisión, adoptada por seis votos frente a tres, respalda la capacidad de los estados para fijar criterios de participación basados en el sexo biológico.
La mayoría del Alto Tribunal concluyó que este tipo de normativa no vulnera ni la Constitución estadounidense ni el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben financiación pública.

Con este fallo, los jueces avalan que las competiciones femeninas en escuelas y universidades puedan limitarse a deportistas cuyo sexo asignado al nacer sea femenino, incluso en los casos de mujeres trans que hayan iniciado tratamientos hormonales o cuya identidad de género sea reconocida como femenina.
La resolución pone fin a los recursos presentados por Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas defendían que su exclusión de las competiciones femeninas suponía un trato discriminatorio y vulneraba sus derechos constitucionales, argumentos que finalmente fueron rechazados por la mayoría del Supremo.

El tribunal defiende la separación por sexo biológico
En la sentencia, redactada por el magistrado conservador Brett Kavanaugh, la mayoría argumenta que la separación de las competiciones deportivas por sexo biológico responde a las diferencias físicas existentes entre hombres y mujeres, como la fuerza o la resistencia. Según el juez, permitir la participación de deportistas trans en equipos femeninos puede reducir las oportunidades disponibles para las atletas nacidas mujeres.
El pronunciamiento del Supremo va más allá de los casos de Virginia Occidental e Idaho, ya que sienta un precedente para el resto del país. La decisión respalda la validez de legislaciones similares aprobadas en otros 25 estados y consolida la posibilidad de que las competiciones deportivas escolares y universitarias limiten el acceso a los equipos femeninos en función del sexo biológico.


