122.989 euros. Ni uno más, ni uno menos. Esta es la cifra con la que el Servicio de Inspección Educativa de Andalucía ha sancionado al colegio concertado Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La historia comienza cuando decidieron no renovar el contrato de un profesor, y este demandó al centro por discriminación. Unos días antes, había dado a conocer su homosexualidad y, tras una inspección de la Consejería de Educación, comenzaron a aparecer las irregularidades.
“Intencionalidad y perturbación en la prestación de la enseñanza”, explica textualmente el informe de la institución. “La inspección ha determinado lo que siempre hemos defendido; que el colegio actuó al margen de la ley y con intencionalidad de perjudicarme inventando un procedimiento que nunca se aplicó a ningún otro candidato, evidentemente, para enmascarar sus motivos homófobos ”, explica el protagonista al diario El País. En un primer momento, el Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez desestimó su denuncia en mayo de 2014, por lo que decidió acudir al Servicio de Inspección Educativa.
Foto: Román Ríos (El País)
Por aquel entonces, ya se aludía a una vulneración de los derechos fundamentales basada en una grabación de una conversación. En ella, el responsable del colegio le explicaba que si los padres se enteraban de la orientación sexual del docente podría ser un problema. “No te puedo decir que la cosa vaya a quedar igual (…) Lo mismo no sucede absolutamente nada, que lo dudo, que no creo que… Pero te lo tenía que decir”, se puede escuchar en la cinta.
Los próximos meses determinarán cómo se desarrolla el caso en este último apartado. Lo que ya es segura es la indemnización que ha de recibir por despido irregular. Lenta, pero esta vez la justicia sí parece caminar segura.