Preocupación por la integridad de las personas LGTBIQ+ en Siria

Temas: Agresión, Colectivo LGTBIQ+, España

Varias organizaciones LGTBIQ+ españolas han trasladado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, a Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, su preocupación por el colectivo LGTBIQ+ dada “la situación actual de la República Árabe de Siria, tras la toma de posesión del Gobierno Provisional, presidido por Mohamed Ghazi al-Jalali y la transición política que se está produciendo en el país”, a través de sendas cartas.

Las dieciséis entidades que han firmado estos escritos solicitan al Gobierno de España y a la Comunidad Europea que guíen a los países de la Unión Europea en su esfuerzo por asegurar que el nuevo régimen político “respete la integridad, física, psicológica y social de las personas LGTBI del país árabe, y garantice el libre ejercicio de su corporalidad, identidad y orientación, así como el de sus derechos políticos”.

Además, han solicitado que “se apoye a las organizaciones civiles que representan y/o defienden a las personas LGTBIQ y sus familias, con la financiación de programas específicos de apoyo, intercambio de experiencias así como formación de liderazgos”.

En España, por otra parte, aunque seamos el cuarto país de Europa con más derechos LGTBIQ+, las agresiones por motivos de odio siguen creciendo y los atacantes son cada vez más jóvenes, un indicador preocupante. La última agresión conocida fue el pasado 11 de enero en Sevilla, a un hombre que paseaba junto a un amigo por parte de unos chavales menores de edad. Es por esto que se ha llevado a cabo una concentración en la misma zona de los hechos para mostrar la preocupación por el incremento de este tipo de delitos en España, y sobre todo en Andalucía, en los últimos años.

También se solicitaba a autoridades públicas como ayuntamientos, la Junta de Andalucía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia un mayor compromiso para luchar contra esta lacra que dinamita la convivencia pacífica y pone en peligro a las personas del colectivo, a sus familias y a cualquier persona que los agresores crean que pueda pertenecer a colectivos minoritarios.