Este próximo jueves, el Ayuntamiento de Cartagena acogerá la presentación de los libros Víctimas de lo trans y Nadie nace en un cuerpo equivocado, de Quico Alseo y José Errasti, dos libros que muchas asociaciones LGTBIQ+ han señalado como tránsfobos; y también denuncian que el Ayuntamiento les ceda el espacio.
Sin embargo, el Consistorio lo mantendrá después de que su Asesoría Jurídica haya concluido que no existen «fundamentos jurídicos sólidos» para revocar la autorización concedida. El informe, conocido esta semana, sostiene que prohibir el acto podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad científica o la difusión cultural.
Un evento que ha despertado críticas desde sectores políticos de izquierdas, sindicatos y colectivos LGTBIQ+. El concejal socialista Pencho Soto denunció que el Ayuntamiento estaba «colaborando institucionalmente» con una actividad que, a su juicio, supone una amenaza para los derechos de las personas trans.
El dictamen jurídico municipal rechaza, sin embargo, que la controversia ideológica sea motivo suficiente para impedir el uso de una dependencia pública. Según el informe, la Administración local no puede denegar un espacio «solo porque sostenga opiniones polémicas o críticas sobre la cuestión trans», al entender que se trata de una actividad amparada, en principio, por derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
La decisión ha reactivado el debate político en el municipio. Desde Sí Cartagena, su portavoz, Jesús Giménez Torralba, acusó al Gobierno local de permitir un acto con «discurso tránsfobo» y exigió responsabilidades al equipo de Gobierno por la cesión del espacio municipal.
Presión social
La controversia también ha trascendido al ámbito sindical. CC OO Región de Murcia reclamó al Ayuntamiento que retire el permiso para la conferencia y cualquier respaldo institucional a una charla que considera «tránsfoba». El sindicato sostiene que el contenido previsto contribuye a estigmatizar a la comunidad trans y pidió una rectificación urgente por parte de la corporación municipal.
Mientras tanto, el Gobierno municipal se ampara en el criterio técnico de sus servicios jurídicos para mantener la autorización. El caso vuelve a colocar sobre la mesa el delicado equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y los límites del discurso público cuando afecta a colectivos vulnerables, un debate cada vez más presente en universidades, instituciones y administraciones públicas españolas.
