Buenas noticias: la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó este miércoles el dictamen de una norma que busca incluir en el Código Penal la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión. El siguiente paso será su debate en el pleno del Congreso, donde todavía puede sufrir modificaciones. La propuesta defiende que no se trata de hechos aislados, sino de una de las formas más graves de ataque y rechazo hacia el colectivo. Por este motivo, busca que estas conductas tengan una respuesta más fuerte dentro de la legislación.
En la actualidad, promover este tipo de terapias está considerado una infracción administrativa muy grave, con multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros según la Ley Trans de 2023. La nueva norma pretende aumentar las consecuencias legales para estas prácticas y dar un paso más al llevarlas al Código Penal, dentro del artículo 173, el mismo que recoge los delitos relacionados con las torturas y los daños contra la integridad moral de las personas.
La propuesta busca castigar con penas de prisión de seis meses a dos años a quienes apliquen o realicen métodos, técnicas o procedimientos de “aversión o conversión” que tengan como finalidad cambiar, reprimir o negar la identidad de una persona.
PP y Vox, en contra de que se prohíban las terapias de conversión
El Partido Popular, que anteriormente había apoyado que la ley comenzara a tramitarse, finalmente ha votado en contra del dictamen. Asegura que está de acuerdo con que ninguna persona sea sometida a prácticas que dañen su integridad física o moral, pero considera que la norma no ofrece suficiente seguridad jurídica. Por este motivo, el PP defiende que sería necesaria una regulación más clara y precisa, que garantice mejor el respeto a los principios del Estado de derecho, según explicó Sofía Acedo.
Vox también ha mostrado su rechazo a esta prohibición. María Ruiz Solás ha asegurado que esta ley busca “limitar libertades” y ha acusado al Gobierno de intentar imponer su ideología a través del Código Penal. La diputada ha defendido la libertad de las personas y el derecho de los padres a decidir y proteger a sus hijos. Además, ha criticado a los grupos que apoyan la norma, a los que acusa de eliminar el consentimiento y, según sus palabras, perjudicar la libertad de las personas homosexuales.
