El dramático caso de un militar gay de Córdoba

Temas: Derechos LGTBIQ+, Homofobia

Está desesperado. Ha perdido la esperanza. Al cabo 1º E.S.V., militar de la plaza de Córdoba y residente en un pequeño pueblo de la provincia, se le agota el tiempo. Su marido, Rafa, dueño de una peluquería, ejerce de portavoz, pues nuestro protagonista tiene “las libertades restringidas”. Lleva de baja psiquiátrica desde el mes de julio, encerrado en casa. Mide 1’60 y se acerca peligrosamente a los 40 kilos.

Quédense con el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos, porque no volverá a reproducirse aquí: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.

Y es que el caso de nuestro protagonista es digno de análisis. No entraremos a valorar el progresismo con el que se maneja un tribunal militar como el Territorial número 21 de Sevilla, responsable de la sentencia, o si existe una homofobia de base en todo el proceso por el hecho de que nuestro protagonista sea gay. Indicios se advierten, nada que se pueda demostrar.

No obstante, el cabo 1º, que ingresó en el ejército en el año 1986 y que actualmente tiene 49 años, sí denuncia a través de su pareja episodios donde se le ha discriminado, calificándole de “la maricona”. Ha tenido que estar “tragando y aguantando”, pues ha visto cómo se acusaba a compañeros de enfermedad por “maricón”. Poco después, no se les renovaba el contrato con cualquier excusa. Lo primero era mantener su sueldo.

En el año 1999 cambia de destino hacia el destacamento donde se alojaría hasta julio de 2014, fecha donde se desencadena el drama. “Nunca ha ocultado su orientación ni tampoco ha tenido por qué decirla, se sabía y ya está”, explica Rafa, orgulloso de que su marido lograse que la gente “por fin le empezara a respetar”.

“Solo ha tenido los roces típicos del trabajo”, motivo por el cual no se explica todo lo que se le avecinaría. El compañero que le demanda, el cabo J.G.M., llegó a su unidad en 2007 “con informes de peleas, borracheras, discusiones con compañeros”. “Había que estar pendiente de él porque resulta que era un inútil”, se nos explica. En uno de sus primeros desencuentros, el cabo 1º informa a sus superiores de que el cabo J.G.M. ha dado positivo en alcoholemia, lo que le supone una sanción. La hipotética venganza sería de dimensiones inimaginables.

Llega el momento clave: en febrero 2014, le llama el capitán S. y le dice que el cabo J.G.M. le había dado “parte verbal” de que le había estado acosando sexualmente desde 2007. Textualmente, “le tuvo que enseñar la polla para ver si le dejaba en paz”. ¿Es esa la mejor de las decisiones teniendo en cuenta que se supone que te están acosando? “Se supone que le daba miedo porque el cabo 1º tiene mucha autoridad y no le iban a creer”, argumenta la pareja.

Al cabo 1º se le pide explicar por escrito lo ocurrido, algo que se pensará mientras se encuentra de baja psicológica. La siguiente llamada del capitán ya sería para advertirle de que se le ha demandado y se le pretende acusar de abuso de la autoridad con trato degradante. En la declaración, adjunta, se puede leer que el cabo le “insistía en que le enseñase la polla, hizo intento de agarrárselo y él se subió los pantalones corriendo y se fue humillado”, algo que el acusado niega por completo.

Para confirmar su versión, el acusado llama al estrado a más militares, con los que casualmente el cabo 1º había tenido problemas laborales en el pasado, y que relatan episodios similares y excesivamente desagradables. Cabe destacar que en todos ellos, uno incluso de una persona que afirma no conocer, jamás hay una tercera persona de testigo. ¿Casualidad? Solo la palabra de uno contra la del otro.

En defensa del cabo 1º, casi treinta compañeros, entre ellos el capitán, que confirma que en todos los años que llevan juntos jamás ha recibido una sola queja de este tipo por parte de ningún subordinado. No sería suficiente.

Finalmente, el cabo 1º E.S.V. es condenado a 2 años y 10 meses de cárcel y una multa de 3.000 euros que no puede pagar, y suspensión permanente de empleo y sueldo. El recurso, interpuesto por su abogado y al que reprochan que podía haber hecho “mucho más”, está en manos del Tribunal Supremo, que será quien decida. Como así ha ocurrido.

Ayer, el Tribunal Supremo, a través de la sala V de lo militar, sentenciaba mediante la magistrada Clara Martínez de Careaga que el recurso del cabo 1º quedaba desestimado. Alegaba vulneración de su presunción de inocencia por falta de pruebas directas, pero no ha sido suficiente. En la sentencia se destaca que la condena viene propiciada por el testimonio de la víctima, la declaración del propio acusado, y por los “nada menos” que 17 testigos y la pericial de dos peritos presentados. Solicitó ayuda a colectivos LGTB y diferentes organismos para que se limpie su nombre y su verdad se imponga, pero la justicia le ha dado la espalda. 

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