“Establecer algunos límites para evitar que haya un mercadeo, que se convierta en un negocio el encargo de una gestación”. Estas palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de que una pareja gay fuese arrestada en Almería por comprar un vientre de alquiler por 10.000€, pueden marcar un antes y un después en lo que a la gestación subrogada se refiere. Se trata, sin duda, de una realidad social que de momento obliga a parejas (homosexuales y heterosexuales) a viajar a otros países si quieren tener un hijo mediante este procedimiento.
Y hacemos hincapié en el “de momento” porque el Gobierno tiene encima de la mesa la cuestión, y prepara una ley de regulación de la que todavía no se conocen más detalles. Solo que no podrá haber intercambio de dinero entre la mujer gestante y la persona o pareja que acuda a la gestación, porque el ordenamiento jurídico español no permite el ánimo de lucro, que nada tiene que ver con que pueda haber compesaciones en forma de gastos médicos, por ejemplo. Catalá, junto con su colega de Sanidad, Dolors Montserrat, han comenzado a dar forma al proyecto según lo que se indica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(2014) sobre inscripción y filiación obligatoria. Veremos cómo se va desarrollando.
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