Si eres un cargo público español elegido democráticamente y te ves incapaz de cumplir la ley, ¿no deberías dimitir? Según Óscar Ramírez, no. Este concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona se niega a casar a parejas homosexuales, impidiendo así el ejercicio de un derecho civil básico. Él prefiere llamar ‘objeción de conciencia’ a lo que no es otra cosa que un acto explícito de discriminación.
Entre las funciones de Ramírez como concejal del distrito barcelonés de Sarrià, está la de oficiar bodas en el orden rotatorio que marca la Administración –y que cada ayuntamiento puede disponer entre el alcalde y los concejales como desee–, pero él se niega a celebrar uno de sus enlaces programados para el mes de noviembre por tratarse de una pareja de lesbianas. Preguntado en el pleno del distrito acerca de los motivos por los que no quiere cumplir con su obligación, Ramírez alude ‘objeción de conciencia’ e insiste en que es un ‘tema personal’.
El pasado mes de septiembre, el Partido Popular votó en contra de aprobar la ley para erradicar la homofobia en Cataluña.
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