A la vanguardia. Allí se sitúa Extremadura en materia de derechos y libertades del colectivo LGTB después de la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Igualdad Social contra la discriminación. Presentado en Mérida por la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, Marian Muñoz, garantiza la reproducción asistida para las lesbianas en la sanidad pública extremeña, en contraposición a lo que ocurre a nivel nacional, donde está vetada. Además, en la nueva normativa se equiparará la violencia “intragénero”< a la machista y se regulará la financiación para operaciones de reasignación de sexo.
Por su parte, la discriminación homosexual será considerada un «delito de odio», con sanciones de hasta 45.000 euros. El texto, registrado ayer en la Asamblea de Extremadura, se convierte en referencia desde este mismo momento por recoger la gran mayoría de las reivindicaciones que se vienen haciendo por parte del colectivo LGTB. Se une a las leyes ya existentes en Cataluña contra la discriminación LGTB y en Andalucía sobre la transexualidad, pero añade varios matices más. El presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, la calificaba de histórica. Y no es ni mucho menos exagerado.
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