El Partido Popular contra la Ley de Transexualidad de Madrid

El Partido Popular vuelve a la carga. Después de que la Asamblea de Madrid aprobara en marzo la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley de Transexualidad, gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del […]

27 julio, 2016
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El Partido Popular contra la Ley de Transexualidad de Madrid

El Partido Popular vuelve a la carga. Después de que la Asamblea de Madrid aprobara en marzo la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley de Transexualidad, gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del propio PP, el Gobierno de Rajoy amenaza con recurrir el documento ante el Tribunal Constitucional por su desacuerdo en los artículos 7 y 48 del mismo. El primero se refiere a que en todos los documentos y procedimientos que correspondan a la Comunidad, las personas deberán ser tratadas de acuerdo con su identidad de género. Por su parte, el artículo 48 habla de que, en caso de que el interesado aporte pruebas razonables de haber sufrido discriminación por su identidad sexual o expresión de género en el ámbito autonómico, será el presunto discriminador el que deba aportar las pruebas de que dicha discriminación no ha ocurrido.

El Partido Popular contra la Ley de Transexualidad de Madrid

Esta misma ley, con los elementos que ahora se discuten, también fue aprobada en otras Comunidades como Extremadura o Andalucía, donde el Gobierno central siguió la misma estrategia que ahora e intentó invalidar sin éxito varios artículos.

Mientras que varias diputadas de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Carla Antonelli, Beatriz Gimeno y Eva Borox, respectivamente) han manifestado su desacuerdo con este nuevo movimiento del PP a través de las redes sociales, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha aclarado que va a defender esta ley, y que las discrepancias técnicas con el Ejecutivo se solucionarán con una comisión mixta integrada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería, que estudiará los artículos en cuestión con detenimiento.

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