“Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), la Ley Cifuentes aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan, suponiendo esto un grave atentando contra la libertad”. Bajo este sorpredente enunciando, ex dirigentes y ex diputados del Partido Popular como Jaime Mayor Oreja, Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán se han personado ante el Defensor del Pueblo para intentar revocar la ley Protección Integral contra la LGTBifobia aprobada en la Comunidad de Madrid el pasado julio por su presidenta, Cristina Cifuentes.
Todos ellos andan bajo el paraguas de 20 asociaciones (Mayor Oreja es presidente de la Fundación Valores y Sociedad, y Lourdes Méndez y Javier Puente son presidenta y vicepresidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana, respectivamente), y ya en su día quedaron fuera del Congreso por votar en contra de la ley del aborto presentada por su propio partido la pasada legislatura. De nuevo, vuelven a cargar contra el sector más progresista de Génova, evidenciando un divorcio dentro de la militancia.
Tal y como cuenta El Mundo, es necesario destacar que dentro del acuerdo de investidura de Rajoy con Ciudadanos, su punto 77 especifica “el compromiso de mejorar la protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI, dispensando la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios, y recogiendo un mapa de recursos ofrecidos por los distintos niveles de la administración”. A la espera de más movimientos.
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