Hace un par de meses os contamos la problemática existente en el centro escolar Juan Pablo II de Alcorcón con la carta que su director, Carlos Martínez, hizo llegar a padres y alumnos al inicio del curso escolar. En dicha carta, Martínez señalaba que “el parecido de la nueva ley LGTBfóbica con el fanatismo terrorista es inquietante”.
Unas palabras cuando menos alarmantes, y más en boca del director de un centro escolar. “Los atentados terroristas llegan a nuestras puertas, mientras que nuestros políticos parece que se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas”.
Ojalá la homofobia y la discriminación no fueran problemas que requiriesen una ley al respecto, pero Carlos Martínez es el mejor ejemplo de que esa ley es más que necesaria.
Tras la denuncia de la asociación Arcópoli y el apoyo de Cristina Cifuentes, la Consejería de Políticas Sociales ha multado al director con 1.000 euros aplicando, precisamente, la ley contra la que se pronunciaba en la carta.
Aunque no cabe duda de que es un gran avance, sinceramente nos parece una cuantía escasa teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Como bien señalaba Arcópoli, “que se multe con miles de euros la celebración del Orgullo y a fomentar el odio solo se le imponga una sanción leve, es decepcionante”.
Teniendo en cuenta que la ley prevé multas de 45.000 euros en los casos muy graves, así como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un periodo de hasta tres años, nos parece que la sanción se ha quedado un poco a medio gas.
Arcópoli también exige que Carlos Martínez se disculpe públicamente, y que se puedan impartir charlas sobre diversidad sexual en el colegio.
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