ILGA Europa (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) ha sacado su informe anual sobre la situación LGTB en el territorio europeo. En él, han analizado los distintos aspectos que afectan al colectivo, como el asilo, la igualdad, las libertades sociales, el reconocimiento de la identidad de género, los delitos de odio y la familia.
También incluye una clasificación de los distintos países según su adecuación social y jurídica a la protección de los derechos del colectivo LGTB. En esta clasificación, España se queda en el noveno puesto, exactamente igual que el pasado año. Esto se debe, entre otras cosas, a la inmovilidad del actual Gobierno en lo que a materia LGTB se refiere.
De nuestro país, el informe apunta de manera negativa los discursos de odio dirigidos al colectivo por diferentes personalidades en los cuales se ha atacado o cuestionado la forma de vida de las personas LGTB.
Por otro lado, se destaca de manera positiva los avances que han hecho algunas comunidades de España en materia legal con leyes concretas contra la homofobia, por ejemplo Cataluña.
Concretamente, se hacen dos recomendaciones al Gobierno español:
- Extender las medidas de protección contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI de todas las regiones se encuentren protegidas en materia SOGISC (orientación sexual, identidad de género, características sexuales, por sus siglas en inglés).
- En concreto, que incluya todos los aspectos SOGISC en la legislación que prohíbe la discriminación en los ámbitos educativo y sanitario.
España suspende en igualdad y no discriminación, pero destaca con un sobresaliente en libertad de reunión, asociación o expresión y en familia.
También se han hecho eco de los incidentes homófobos que se han sufrido en el país a lo largo del año. En el estudio, se pueden leer algunos de los mas llamativos, como el caso del arzobispo de Valencia, quien aseguró lo siguiente:
«La familia se ve acechada hoy, en nuestra cultura, por un sinfín de graves dificultades, al tiempo que sufre ataques de gran calado, que a nadie se nos oculta. Ahí tenemos legislaciones contrarias a la familia, la acción de fuerzas políticas y sociales, a la que se suman movimientos y acciones del imperio gay, de ideologías como el feminismo radical o la más insidiosa de todas, la ideología de género».
A raíz de sus declaraciones, Lambda, que defiende en Valencia los derechos del colectivo LGTB, así como otras entidades, partidos y sindicatos, anunciaron una denuncia por incitación al odio contra Cañizares. Pero el juez desestimó el caso tras dictaminar que no se habían hallado pruebas de que se tratase de un discurso de odio contra ningún colectivo concreto.
Otro caso que se destaca es el que se trató en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Aquí se presentó el caso de un hombre que atacó a una pareja gay físicamente y al grito de «maricones». El atacante tuvo que pagar 250€ de indemnización a cada víctima, pero el juzgado no consideró el incidente como un delito de odio ni como un acto homófobo.
La conclusión de este y otros casos que se recogen en el informe es:
Que pese a lo avanzado que está nuestro país tanto en leyes de protección como en conciencia social en lo que a materia LGTB se refiere, a la hora de la verdad, la desprotección sigue estando muy presente y las medidas reales resultan insuficientes para afrontar esta lacra que persigue a nuestra sociedad.
Mientras, Malta encabeza la lista por tercer año consecutivo. El país ha avanzado notablemente en cuanto a políticas de inclusión y de protección, principalmente en cuestiones de identidad de género. Pero lo que más se destaca, es que ha sido el primer país europeo en perseguir y condenar con penas de prisión a quienes practiquen las denominadas «terapias de conversión».
PUEDES LEER EL INFORME COMPLETO AQUÍ