Después de que Juanma Moreno y Juan Marín, líderes de PP y Ciudadanos en Andalucía respectivamente, sellasen el pasado 24 de diciembre un acuerdo para formar gobierno y acabar con Susana Díaz y 40 años de socialismo en la región, queda saber qué pasará con Vox y más en concreto, con una de sus exigencias para llevar adelante la investidura: la derogación de la Ley contra la violencia LGTBI.
La formación de Santi Abascal mantiene su pulso –apoyado en sus 12 escaños y casi 400.000 votos– para que entre las 90 medidas presentadas –divididas en 3 bloques– sean revisadas las que afectan directamente al apartado social. Hay que recordar que dentro de su programa electoral, la medida 63 pretendía impedir que en los centros educativos se aborde la diversidad sexual, y la número 71 proponía la creación de una Consejería de la Familia, pero de la familia «natural», la compuesta por un padre y una madre.
«Las leyes andaluzas de igualdad no se tocan», se ha apresurado a afirmar Marín en más de una ocasión. A finales de 2017, la Cámara aprobó, por unanimidad de todos los partidos, la ley que reconoce los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales, mientras que en 2014, también por unanimidad, se dio luz verde a una pionera Ley integral andaluza de Transexualidad.
Mientras que Susana Díaz, todavía presidenta en funciones, carga contra C’s y les presiona por asociarse con una formación que define como «xenófoba, racista, machista, homófoba, anticonstitucional y que justifica la violencia contra las mujeres», Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, volvía a remarcar en el programa de Ana Rosa este jueves que para que haya un cambio en Andalucía se tendrá que atender a su línea roja. Por cierto, un discurso en clave LGTB que sigue la estela de propuestas que los populares han mantenido durante décadas…Y ahí es donde reside la incertidumbre para el Colectivo. Estaremos atentos.