El pasado 20 de marzo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) lanzó la 13ª edición del Informe de la Homofobia de Estado. Esta publicación, con más de 500 páginas, recopila datos sobre las leyes que afectan a las personas en función de su orientación sexual alrededor del mundo.
En marzo de 2019, setenta Estados miembros de la ONU continúan penalizando las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. De hecho, en seis de ellos se contempla la pena de muerte.
En lo que respecta al encarcelamiento, en 26 países un homosexual podría ser condenado a penas de prisión que varían entre diez años o cadena perpetua. En otros 31 países el arresto por ser gay puede alcanzar los ocho años.
No obstante, si analizamos el informe de forma positiva, destacamos que Trinidad y Tobago, India y Angola han despenalizado los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Además, a la lista de naciones en las que el matrimonio igualitario es legal, se han sumado países como Australia, Alemania y Austria.
Por otro lado, la legislación que protege a las personas LGTBI de la discriminación y la violencia se ha ampliado en los últimos años, aunque a un ritmo más lento de lo esperado.
A pesar de que las cifras han mejorado con respecto a la última publicación del Informe, en 2017, aún queda mucho por hacer. El biotecnólogo y antropólogo Simón Perera ha publicado en su cuenta personal de Twitter un hilo exponiendo las carencias que sufren los miembros de la comunidad LGTBI en nuestro país.
Bajo el título “¿En qué debe mejorar España?”, Simón ha enumerado las siguientes propuestas:
- Prohibir de las terapias de conversión a nivel nacional.
- Garantizar el asilo a las personas en riesgo por motivos afectivo-sexuales y de género.
- Proteger a las personas LGTBI+ en la Constitución.
- Reconocer legalmente las parejas de hecho homosexuales.
- Promulgar una ley contra la discriminación LGTBI-foba.
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