El pasado 1 de abril de 2019, eldiario.es desveló la existencia de varias terapias de conversión para ‘curar’ la homosexualidad que se practicaban en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, que pertenece a la diócesis de Alcalá.
Este tipo de terapias están prohibidas en la Comunidad de Madrid, por ello, al día siguiente, cerca de cincuenta personas se manifestaron ante la catedral de Alcalá de Henares para protestar contra estos talleres ilegales que, para más inri, eran impartidos por una pseudoterapeuta que no estaba colegiada como psicóloga.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, y solo unas pocas personas llegaron a acceder al templo para entonar mensajes contra el obispo Reig Plá. “Fuera de Alcalá” o “vosotros, fascistas, sois los terroristas” son algunos de los cánticos que se pudieron escuchar dentro de la catedral.
La asociación ultraconsevadora Abogados Cristianos presentó una querella en la que acusa a los manifestantes de un delito de odio contra los sentimientos religiosos, profanación e interrupción de culto.
Esa querella contra los que protestaron en el interior de la catedral fue admitida, y hoy siete jóvenes deben declarar en el juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares, y pueden enfrentarse a una pena de cuatro años de cárcel y multas de hasta 11.000 euros.
Una situación incomprensible contra la que han protestado varias asociaciones y plataformas LGTBI, que se reunieron ayer en la puerta de la catedral de la Almudena –no se trasladaron a Alcalá por las restricciones sanitarias– para mostrar su apoyo a los siete acusados.
“Nos acusan de un delito de odio, que fue creado para proteger a los colectivos oprimidos, no al opresor. Se amparan en un delito que se cae por su propio peso”, ha explicado a eldiario.es uno de los investigados.
Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad, la asociación de consumidores Facua, Arcópoli y el Observatorio madrileño contra la homofobia han denunciado al obispado de Alcalá ante la Consejería de Políticas Sociales por una infracción muy grave de la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid.
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