ADI LGTBI+, entidad que agrupa a los clubes deportivos de carácter LGTBI+ inclusivo de la península ibérica, ha hecho público, coincidiendo con el reciente Día Internacional contra la LGTBIfobia, el primer informe elaborado por su Observatorio para la Diversidad en el Deporte.
Dicho informe señala las importantes desigualdades en materia de protección, promoción y defensa de las y los deportistas LGTBI+ según la comunidad autónoma en la que habiten y compitan.
Para la elaboración de este ranking del marco legislativo autonómico, se han puntuado un total de 16 indicadores, entre los que se incluyen el reconocimiento de los derechos de autodeterminación de género, la participación y competición según la identidad de género libremente elegida, la implantación de códigos éticos y protocolos contra el acoso y la discriminación con regímenes sancionadores, o el desarrollo de acciones de formación, información y sensibilización.
El Observatorio para la Diversidad en el Deporte ha otorgado la ‘tarjeta verde’ a las legislaciones de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. Solo en Madrid y Aragón se especifica la protección del colectivo en competiciones y en el ámbito del deporte profesional.
También reciben un aprobado raso las legislaciones de Islas Baleares y Navarra: aunque cuentan con leyes LGTBI+ que recogen la participación y competición según la identidad de género, presentan escasos artículos de aplicación a la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte.
La ‘tarjeta amarilla’ es para Cantabria, Extremadura, Murcia y Euskadi, que suspenden a pesar de tener legislación específica. En estas cuatro comunidades autónomas existe un marco general de protección para el colectivo, pero los legisladores olvidaron medidas concretas para el entorno deportivo.
La ‘tarjeta roja’ es para Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla, en cuyas cámaras autonómicas no se ha aprobado ninguna ley contra la discriminación de las personas LGTBI. También reciben este suspenso Galicia y Canarias, porque aunque cuentan con ley específica LGTBI y Trans respectivamente, no recogen el reconocimiento del derecho de la autodeterminación de género ni ninguna medida de protección a las y los deportistas LGTBI+.
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