Asturias es, junto a Castilla y León (cogobernada por Vox), la única comunidad autónoma que no tiene una ley específica para defender los derechos y libertades del colectivo LGTBI. Es por eso que la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias está en conversaciones para acelerar su tramitación. Sin embargo, su aprobación todavía está lejos en el horizonte.
Su directora general, Nuria Rodríguez, explicó que la primera reunión se produjo el 23 de enero. «La idea es construir participadamente y de manera coordinada y colectiva el borrador de la ley y tramitarla. Si no puede ser durante 2024, casi con total seguridad durante 2025«, aseguró.
Durante esas primeras reuniones, se abordó un debate sobre cómo frenar el acoso sufrido por el colectivo en centros educativos. Además, también se establecieron unos protocolos de actuación para garantizar la seguridad de los alumnos LGTBI. La cuarta y última reunión hasta el momento ha establecido las medidas sanitarias necesarias para defender sus derechos y libertades.
Su intención es crear esta nueva ley desde cero en la región asturiana. Para su realización, se están basando en la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI, que se aprobó en febrero y entró en vigor en marzo del año pasado.
El grupo de trabajo que se encarga de tramitar esta ley está formado por diferentes colectivos asturianos, para garantizar así que se trate de una ley «consensuada». Entre esos grupos, están Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses, así como de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.